Desmienten dichos de Vollmer sobre Patrón Santiago

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La polémica por las festividades religiosas en los colegios del Estado sigue latente. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de San Rafael presentó esta semana un reclamo administrativo en la DGE para que se suspendan las festividades religiosas en la escuelas públicas. Ante esto, María Inés Abriles de Vollmer, salió a defender la resolución puesta en el calendario  advirtiendo que “hay dos fechas religiosas establecidas en el calendario escolar como feriados, pero que no se festejan en los colegios”.

Por un lado la APDH pide que “se supriman las fiestas religiosas en las escuelas públicas, porque aun con el argumento de la ‘opcionalidad’, se violan dos leyes nacionales y se coloca a los docentes y personal no católico, en situación de no cumplir con sus obligaciones”.

Y por otro desde la DGE dicen que “estos días tienen una finalidad educativa, participativa y de respeto hacia toda la comunidad, basada en la historia, la tradición y la cultura de nuestra provincia, la cual han trascendido a la festividad religiosas en sí”, y por ello se decidió incorporarla entre las fechas importantes del calendario.

Los dichos de la titular de la cartera de Educación enfurecieron a los ONG que lucha por la igualdad en las escuelas, por lo que su abogado representante, Carlos Lombardo presentó el siguiente descargo:

Lamentamos las declaraciones de la Directora Gral. de Escuelas y nos obliga a destacar la falsedad de las mismas.

Refiriéndose a la APDH, Vollmer dijo: “Esta asociación interpreta equivocadamente que la resolución que no impone festejar una celebración de la región católica, sino que declara feriado el día del Patrón Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo en el calendario escolar por ser una fecha histórica para los mendocinos”.

Eso es falso. La Resolución N° 2361-DGE-2014, que contiene el calendario escolar de 2015 la DGE dispone:

“Las siguientes fechas deberán ser conmemoradas en el transcurso de los días de la semana en que ocurren, mediante el dictado de clases alusivas y actividades relacionadas con la festividad, las que serán organizadas por las autoridades de los establecimientos en forma tal que los alumnos profundicen en el conocimiento y significado de Ias fechas celebradas.El acto se Ilevará a cabo el día hábil anterior al feriado:

  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por Ia Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 25 de julio: Día del Patrono Santiago (1)
  • 12 de octubre: Día del respeto a la diversidad cultural”.

Como advertirá NO HAY ORDEN DE DECLARAR FERIADO LOS DÍAS DEL PATRONO Y LA VIRGEN, sino una ORDEN de CONMEMORACIÓN(recuerdo, evocación, celebración).

Lo mismo sucede cuando dijo: “En las escuelas mendocinas se respetan los derechos de los padres y docentes, por ello este día se declara feriado sin asistencia a clases“, explicó la titular de la DGE y aclaró que en las instituciones del Estado no se hacen actos del en estos días, sino que el que quiere puede participar de la procesión en forma personal”.

De modo que la máxima autoridad escolar incurre en una falsedad – con la responsabilidad que eso conlleva -, y ratifica las graves violaciones al orden público nacional que hemos denunciado en nuestro reclamo administrativo.

Mantener las celebraciones de neto tinte religioso: Viola la laicidad de la educación dispuesta en la Constitución provincial, art. 212 inc. 1

Mientras que el argumento de la opcionalidad (derecho de los no católicos a no presenciar la celebración del patrono y virgen):

a) Viola la ley ley 23.592 – contra los actos discriminatorios – porque estigmatiza, marca, señala de modo discriminatorio a los docentes, no docentes y alumnos no católicos, trayendo al siglo XXI una práctica medieval.

b) Viola la ley 25.326 – de protección de datos personales – porque se coloca a los docentes, no docentes y alumnos no católicos en situación de revelar datos sensibles, lo que está prohibido.

c) Incurriría en el delito contemplado en el art. 248 del Código Penal que establece: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Fuente: MDZ