Investigan si Báez usó facturas truchas para lavar fondos

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La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos que LA NACION acumuló durante diez meses y reveló el pasado 19 de octubre. Luego de que la Cámara Federal le ordenara al juez Casanello que pierda de vista el papel del empresario santacruceño en la presunta trama de lavado de dinero, la Justicia avanza ahora sobre esa pista.

Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas truchas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones, gran beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz a lo largo de la última década.

Ahora, sin embargo, el fiscal Marijuan y el juez Casanello miran con atención lo que ocurre en Bahía Blanca, ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también acumular fondos negros por fuera de su contabilidad para girarlos a cuentas en el exterior, pagar sobornos y otros destinos ilícitos.

Desde Comodoro Py anticipan ahora la necesaria reacción del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. “Va a tener que colaborar, porque hasta ahora no ha demostrado mayor interés”, indicaron fuentes judiciales. “Está claro que hay un esfuerzo por tapar los posibles delitos precedentes”, añadieron.

Las sospechas sobre lo que ocurre en Bahía Blanca se potenciaron cuando sólo un día después de que LA NACION revelara la millonaria madeja de evasión, Echegaray confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad estaban bajo fiscalización y que por lo menos una firma, Calvento, “no tiene actividad comercial” y era considerada “una usina de facturas truchas”.

Echegaray confirmó también que Austral Construcciones recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que la empresa de Báez también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició ese análisis o el monto que se sospecha que podría haber evadido.

Con el jefe de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense-, y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como había informado este diario.

Echegaray cargó contra Calvento SA como “usina de facturas falsas”, pero calló sobre las otras dos empresas de la familia Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral.

Según los balances de Grupo Penta y de la constructora de Báez, cuyas copias obtuvo LA NACION, muestran, sin embargo, desajustes en los números que informan ambas empresas sobre sus relaciones comerciales.

Así, por ejemplo, Grupo Penta declaró ventas por 302.000 y 853.000 pesos en sus balances 2009 y 2010. Pero durante esos años, Austral Construcciones consignó compras por 1,3 millones y 2,3 millones de pesos a Penta, que se suman a otros siete millones de pesos que otra firma bajo sospecha, Constructora Patagónica, declaró que también le compró a Penta durante esos mismos años.

Consultado por LA NACION en octubre pasado, uno de los dueños de Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó a los dueños de Grupo Penta, los Ficcadenti. “Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación”, afirmó.

Para entonces, casi tres años después de elaborar esos balances, los dueños de Grupo Penta se presentaron en 2013 en la Regional de la AFIP, en Bahía Blanca. Pidieron rectificar sus declaraciones juradas, afirmaron que les habían robado documentos contables de su automóvil y presentaron otro supuesto balance, pero sin la certificación requerida por ley.

DELITO PRECEDENTE

Ante ese cuadro, cuatro funcionarios de la AFIP indicaron a LA NACION cómo debería haber procedido el organismo: si se verifica que Grupo Penta falseó sus números, debería denunciar ante la justicia penal a sus directivos y a su contador. Y si se verifica que Austral Construcciones y Constructora Patagónica también dibujaron sus balances, también debería denunciar a Báez y al resto de sus accionistas y directivos por “inflar” sus costos para así pagar menos impuestos y armarse un “colchón” de fondos negros. Es decir, el potencial delito precedente que sondean el fiscal Marijuan y el juez Casanello desde Buenos Aires.

Esa denuncia penal, sin embargo, no ocurrió. La AFIP llegó a impugnar las operaciones de Penta, pero volvió sobre sus pasos tras una reunión en la Regional Bahía Blanca, en la que participó un apoderado de Austral Construcciones, Claudio Bustos.

La AFIP le otorgó entonces a Penta un primer plan de pagos, que se cayó. Y un segundo plan de pagos del que pagó la primera cuota de $ 567.000 en efectivo por ventanilla del Banco Nación, que no precisó si emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) con destino a la unidad antilavado (UIF).

La Fiscalía Federal de Bahía Blanca, en tanto, optó por concentrarse en otro emisor de facturas truchas más visible de la ciudad, Juan Ignacio Suris. Y mostrar una notable sintonía con la jefatura local de la AFIP, palco de honor incluido en el estadio de Olimpo.

MILLONES DE PESOS SIN UN DESTINO CLARO

La Justicia busca establecer el origen de fondos que Báez buscó ingresar en el circuito legal Diferencias contables

PENTA

Balances contradictorios

Los balances del Grupo Penta, de la familia Ficcadenti, muestran una diferencia importante entre lo que la firma informa como ingresos para los años 2009 y 2010 y lo que la constructora de Báez, Austral Construcciones, le facturó a la empresa bahiense en esos mismos años por compras y servicios.

CALVENTO

Sin actividad comercial

A las sospechas sobre Penta se suma otra firma de la misma familia, Calvento, que según confirmó el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, “no tiene actividad comercial” y es considerada por el ente recaudador “una usina de facturas truchas”. La firma de Báez también recibió facturas de Calvento, dijo Echegarayotras.

FIRMAS

Bajo sospecha

Otra firma de Bahía Blanca, Constructora Patagónica, de la familia Ferreyra, también quedó bajo sospecha. Declaró compras a Penta por 7 millones de pesos en esos mismos años. Y en la mira también quedó Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, con vínculos con Báez..

Del editor: qué significa. La causa por lavado que involucra a Báez tiene varios procesados, pero la Justicia había demorado su avance contra el empresario; algo cambió allí.

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