INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GRUPO VILA-MANZANO

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Por: Luis Balaguer

(una historia plagada de estafas y negociados)

Alfredo Luis Vila era empleado de Kolton (jefe de compras) y en el año 1968, asociándose con militares vinculados a la dictadura de Onganía crearon Comensa SA, a la que después le cambiaron de nombre por Dalvian SA, una empresa inmobiliaria y constructora que creció apropiándose de importantes terrenos aledaños al Parque General San Martín por medio de irregulares títulos supletorios.

Con el tiempo y por distintos medios Vila fue comprando las partes de sus socios en Dalvian pasando a ser propiedad íntegramente de la familia Vila. En 1976, Vila se transformó en el accionista mayoritario del Banco de Los Andes, entidad que luego vendió a Héctor Greco.

Alfredo Luis Vila

Gracias a las buenas relaciones de Vila con los militares, gestadas durante su paso por la Escuela Militar de la Nación, cuyos estudios no concluyó, en el año 1979 Dalvian consiguió un crédito de u$s 2.000.000 del Banco de Mendoza que nunca devolvieron, que les permitió realizar la urbanización de esos terrenos, transformándolo en el mejor barrio privado de Mendoza.

Tiempo después, dada la falta de pago, el crédito fue ejecutado por el Banco de Mendoza, deuda que después pasó a la provincia como consecuencia del traspaso de deudores que hicieron al Ente de Fondos Residuales (EFOR) cuando el gobernador Rodolfo Gabrielli privatizó los bancos oficiales de la provincia.

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Cuando el banco inició la demanda, los Vila ofrecieron pagar el 10% de lo que debían en 100 cuotas, propuesta de pago que fue rechazada. Entonces, aprovechando la información que les brindaba el Dr. Roberto Uliarte, abogado del banco y empleado de los Vila, fue que iniciaron furiosas campañas de prensa a través de su radio Nihuil, denunciando los negociados en el banco durante la presidencia de Eduardo del Amor. Uliarte fue descubierto y echado del banco.

Según consta en las actas de directorio del banco, Daniel Vila llamó por teléfono a un asesor del directorio, instándolo compulsivamente a que el sumario contra Uliarte no se realizara, para que “no se viera sometido al bochorno de una investigación”. Años después, las influencias de Daniel Vila con Gabrielli, consiguieron que Uliarte fuera promovido a Camarista del Crimen y hoy es uno de los jueces adictos al grupo.

Roberto Uliarte
Roberto Uliarte

Finalmente, después de 25 años de litigio fueron condenados a pagar u$s 2.500.000, calculados a mayo de 1995. Dalvian también asumió una deuda con el EFOR de u$s 3.700.000, calculada a noviembre de 1996, que tenía la firma Jorge Estornell SA, de cuando eran propietarios del Canal 7 de Mendoza. O sea que el total de la deuda de Dalvian con la provincia ascendía a u$s 6.200.000 al año 1996.

Mediante un escandaloso convenio suscripto con el EFOR en mayo de 2005, o sea durante la gobernación de Julio Cobos, dicha deuda quedó reducida a solo u$s 1.500.000 a pagar mediante la entrega de terrenos, provenientes de unas expropiaciones iniciadas por la provincia contra Dalvian. En el convenio se estableció que si los montos en los juicios de las expropiaciones superaban la deuda de Dalvian, esta se los donaba a la provincia. En los juicios de expropiación, en noviembre de 2007, se dictaron sentencias por las cuales el monto de las expropiaciones quedó establecido en $ 3.700.000 a favor de Dalvian. El 19 de diciembre de 2007, o sea nueve días después que asumiera Celso Jaque la gobernación, suscribieron un convenio de compensación, resultando un saldo de $ 1.900.000 a favor de Dalvian, pese a que en el convenio de pago se había establecido la donación a favor de la provincia en este caso.

O sea que mediante estas maniobras Dalvian redujo su deuda de u$s 6.200.000 (unos $ 24.000.000) a tan solo u$s 1.500.000 (alrededor de $ 6.000.000) que compensaron con créditos por expropiaciones sobrevaluadas (los terrenos eran incultos, sin mejoras y el Tribunal de Tasaciones los había valuado en $ 3.300) que ascendían a $ 3.700.000 y como por arte de magia terminaron cobrando $ 1.900.000.

Todos estos convenios fueron suscriptos por quién era Fiscal Adjunto (Joaquín de Rosas), porque el ex Fiscal de Estado, Pedro Sin, se excusó de actuar.

Estos antecedentes constan en la denuncia que realizó el Dr. Alberto Ortubia, abogado de Dalvian en estos y otros juicios por más de 29 años Ver denuncia, cuando se opuso a la designación de Joaquín de Rosas como Fiscal de Estado, pero que no fue tenida en cuenta por los legisladores de nuestra provincia que dieron el visto bueno a su designación, no obstante a que en la época de la dictadura de Rosas fue destituido como juez por las irregularidades en la tramitación de la quiebra de “Bodegas y Viñedos Filippini”. Durante la sustanciación de estos acuerdos de Rosas, de íntima relación con Alfredo Vila, en el año 2006 “adquirió” un terreno en el barrio Dalvian, valuado en más de $ 500.000, que puso a nombre de su esposa y de su suegra.

Joaquin De Rosas, Fiscal de estado
Joaquin De Rosas, Fiscal de estado

El barrio Dalvian fue expandiendo sus terrenos, apropiándose ilícitamente de los predios aledaños y fraguando juicios de usucapión (títulos supletorios), como fue en el caso con su vecina Universidad Nacional de Cuyo (UNC) a la cual le usurparon 32 hectáreas. Terrenos en los que Vila construyó un campo de deportes y en el año 1986 inició un juicio contra la UNC por usucapión, aduciendo que durante ese tiempo la universidad no hizo uso de los mismos y que ellos le habían introducido mejoras.

Dichos terrenos habían sido del Ejército Argentino, teniendo radicado allí un Polígono de Tiro, que en el año 1980 fueron traspasados a la UNC. O sea que los bienes objeto del litigio no eran de tipo privado sino una propiedad pública, destinada al uso educativo, y de acuerdo con el Código Civil no pueden ser adquiridos por título supletorio por ser bienes del dominio público.

obstante eso, el juez Alfredo Manuel Rodríguez, de estrechas relaciones con los Vila, les dio la razón. A continuación el juez Rodríguez también “adquirió” una valiosa vivienda en el barrio Dalvian. Dicha sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal de Mendoza, en un aberrante fallo fundado por Julio Petra, que también tiene su casa en el barrio Dalvian. Este caso se encuentra en apelación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictó una medida de no innovar, no obstante eso los Vila están construyendo un acueducto sobre los terrenos en litigio, sin contar con autorización de ninguno de los organismos públicos competentes.

En ese conflicto también actuaron el Fiscal de Estado, Aldo Giordano, y el Fiscal adjunto, Joaquín de Rosas, dándole la razón a los Vila. Previamente la Dirección de Catastro de la provincia había dictaminado a favor de la UNC. Inmediatamente su director, Mario Valencia fue objeto de denuncias por parte del Fiscal de Estado.

Giordano ha sido siempre funcional a los intereses del grupo Vila, como ser cuando no apeló el aberrante fallo del juez Orlando Vargas Ver pedido de Jury, que le entregó ilícitamente los bancos oficiales privatizados a Raúl Moneta, pese que había resultado perdedor en las licitaciones. En el Jury a Vargas, Giordano adujo que no apeló para no perjudicar a la provincia con prolongadas demoras, siendo que el juez tenía un plazo perentorio de 5 días para resolver la apelación, en un proceso que duró mas de un año.

Aldo Giordano, Funcional al Grupo Vila
Aldo Giordano, Funcional al Grupo Vila

Jardines del barrio Dalvian sobre terrenos fiscales. Rodolfo Gabrielli construyó el Corredor del Oeste y expropió los terrenos al este de la ruta, cuando correspondía usar los terrenos prestados a Dalvian
Además de eso hay otra apropiación indebida de Dalvian de terrenos públicos que ha quedado impune. En efecto, cuando se hizo la avenida Champagnat se le expropió a Comensa (empresa antecesora de Dalvian) los terrenos colindantes con la calle para construir una avenida de dos manos, pero finalmente se construyó una sola vía por falta de presupuesto.

Luego Dalvian pidió autorización a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para hacer unos jardines sobre dichos terrenos hasta tanto se construyera la ruta, y esos son los jardines que actualmente tiene el barrio Dalvian sobre la Avenida Champagnat, que son del estado provincial.

Pero resulta que, cuando Gabrielli llamó a licitación para construir el primer tramo del Corredor del Oeste, que va sobre la avenida Champagnat, que se ampliaba a 7,5 mts. y producía una segunda vía del mismo ancho con mas sus correspondientes banquinas, en los pliegos de la licitación se dejó perfectamente establecido que la segunda vía se localizaba al este de la actual avenida, con lo cual Gabrielli le “obsequió” a la familia Vila los terrenos que antes la provincia les habían expropiado y pagado para hacer el segundo carril de la referida avenida.

Daniel Vila en el lago de su estancia San Isidro
Lindero con los terrenos de Dalvian se encuentra la estancia “San Isidro”, una imponente residencia de verano de Daniel Vila, que también la utiliza para agasajar a políticos, periodistas, empresarios, personajes de la farándula, etc. en sus ya célebres almuerzos que organiza el día siguiente de la realización de la Fiesta de la Vendimia.

El terreno en donde se enclava la estancia San Isidro tiene 7,5 hectáreas y el casco se encuentra a unos dos kilómetros al oeste del circuito Papagayos y a unos tres kilómetros del barrio Dalvian.

Estancia San Isidro de Daniel Vila
El hecho es que todas las obras realizadas en dicha estancia son clandestinas. “La estancia no tiene ninguna aprobación, no está siquiera empadronada en Las Heras”, dijo Adrián Palma, secretario de Obras Privadas del municipio.

A su vez, el Departamento General de Irrigación tiene dormido desde hace siete años un expediente iniciado por una denuncia de usurpación de agua de la cascada San Isidro, realizado mediante un entubamiento clandestino de las aguas públicas.

Recientemente el diario El Sol publicó que la estancia San Isidro estaba valuada por el Estado provincial en escasos $ 317 y que además estaba eximida del pago del Impuesto Inmobiliario.

También daba cuenta el referido matutino que en los registros de la Dirección Provincial de Catastro la estancia figuraba como “propiedad rural cultivada” desde enero de 1988, sin que se haya efectuado hasta la fecha ninguna actualización de sus datos respecto de sus construcciones ni constan inspecciones o relevamientos catastrales.

Como también que no existíann informes de sus propietarios declarando las mejoras realizadas.

Luego de la denuncia de El Sol, la Dirección de Catastro procedió a revaluar la mansión de Daniel Vila, asignándole un ridículo avalúo de $ 300.000, teniendo en cuenta que dicha propiedad tiene 1.700 m2 cubiertos y pisa sobre un terreno de 7,5 hectáreas, cuyo valor es de varios millones de dólares. Avalúo que debieron hacer con imágenes satelitales porque Vila no les permitió el acceso a la propiedad.

El jefe del Departamento Jurídico de Irrigación, Mauricio Pinto, afirmó, sobre la propiedad de las aguas de la estancia San Isidro: “Conforme estatuye el artículo 2.637 del Código Civil, las aguas que surgen en los terrenos particulares resultan públicas cuando constituyen un cauce natural. Bajo este encuadre normativo no existen dudas de que el escurrimiento objeto de estas actuaciones resulta público y sólo pueden ser utilizadas mediando permiso o concesión estatal”. En este caso, no hubo permiso ni concesión, sino que, por el contrario, Daniel Vila construyó una toma clandestina del agua.

Daniel Vila, en su estancia de San Isidro
Daniel Vila, en su estancia de San Isidro

En el 2008 recaudó $ 240.000, en el 2009 $ 1.051.000 y en el 2010 $ 4.000.000, que distribuye entre entidades de bien público. Para ello invita a empresarios, políticos y personajes de la farándula de primera línea a nivel nacional.

Ya son habitués de dicha fiesta: Eduardo Constantini (dueño de Nordelta y del Malba), Alejandro Bulgheroni (titular de Bridas), Carlos Ávila y su hijo Juan Cruz Ávila, el empresario y político Francisco De Narváez, Samuel y Guillermo Liberman (dueños del Hotel Hyatt), Pepe Scioli (hermano del gobernador de la provincia de Buenos Aires), los periodistas, Daniel Tognetti, Román Lejtman, Luis Majul, Luis Rosales y Rolando Graña.

De los locales nunca faltan los empresarios: Mario Groisman, José Cartellone, Emilio Magnaghi, Jorge Pérez Cuesta, Adrián Yacopini; los polìticos: Rodolfo Gabrielli, Julio Cobos, Roberto Iglesias, Aldo Ostropolsky (ex ministro de Julio Cobos), Daniel Pereyra (titular de Juegos y Casinos), Omar de Marchi y Omar Félix (diputados nacionales), Omar Parisi (intendente de Luján), Víctor Fayad (intendente de la Capital), Ricardo Puga y Miguel Serralta (legisladores provinciales), el oftalmólogo Roberto Zaldívar y el cirujano Claudio Burgos.

Vila designó a Mirtha Legrand y a Jorge Rial “embajadores nacionales de la Vendimia Solidaria”. En el 2010, dada la pelea suscitada con el grupo, el gobernador Jaque para no asistir hizo organizar en esa misma fecha un agasajo del cuerpo diplomático en la bodega de Eduardo Pulenta, en Vistalba.

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l 31 de marzo de 2001 Daniel Vila mató de dos balazos a un joven de 22 años en el ingreso a la descripta estancia San Isidro. El hecho fue presentado como un acto de defensa propia porque habían querido asaltarlo en la tranquera de ingreso al predio, cuando regresaba junto a su pareja Sandra Scifo, en horas de la noche y bajo una lluvia torrencial, de la inauguración de una cancha de golf a la que también asistieron Carlos Menem y Cecilia Bolocco. Vila se presentó herido con un balazo calibre 22 que le ingresó cerca de la ingle y le salió por el muslo.

Posteriormente fue hasta su casa en San Isidro y desde allí llamó desde su celular a la guardia del barrio Dalvian quienes llamaron a la policía que fueron a buscarlo y lo trasladaron al Hospital Laggomagiore para atenderlo de su herida. Hasta aquí la crónica policial tal como la relató Daniel Vila que además dijo: “Mientras nos acercábamos a la casa, mi mujer me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero unos minutos después sentí una molestia en la pierna. Ahí me di cuenta de que estaba herido”.

Pero los hechos fueron muy distintos. No hubo tal intento de asalto, sino que en la casilla de los guardias, que no estaban en ese momento, habían dos jóvenes y otras dos mujeres menores de edad protegiéndose de la lluvia. Cuando llegó Vila a la tranquera de ingreso a la estancia, en compañía de su pareja Sandra Scifo y con sus hijos, vio a los jóvenes, se asustó y les disparó, hiriendo de muerte a uno de ellos.

De ahí en adelante, Vila dice que se dirigió hacia su casa y que llamó por teléfono desde su celular dando cuenta de los hechos, para recién después concurrir al hospital. Pero resulta que desde la tranquera de ingreso a la estancia hasta el casco hay varios kilómetros, mucho mas cerca le quedaba el Hospital Lagomaggiore. Además por qué esperar a llegar a su casa para utilizar el celular.

Las preguntas son: ¿quién se dirige hasta su casa para hacer una denuncia y recién después se va al hospital?, que por cierto quedaba mucho mas cerca ir directamente desde la tranquera. El balazo que le rozó la pierna fue realizado a muy corta distancia, o sea que él mismo se profirió la herida. Además ¿cómo pudo ser que se diera cuenta que estaba herido recién al llegar a su casa, distante varios kilómetros desde el lugar donde ocurrieron los hechos?.

Por otra parte la policía no halló el arma agresora, sino que varios días después la encontró “tirada en el campo” el jefe de la custodia de Vila. El empresario también sostuvo que estaba armado porque “en los últimos días se había enterado de episodios violentos en la zona”, un lugar desértico cuyo único habitante es él mismo.

La causa penal recayó en el juez Manuel Cruz Videla, quién era amigo de Vila porque habían sido compañeros en el colegio “San José de los Hermanos Marista”. Videla no investigó absolutamente nada y rápidamente archivó el caso.

Juez Manuel Cruz Videla
Juez Manuel Cruz Videla

En el año 1998 el gobernador Arturo Lafalla privatizó Obras Sanitarias Mendoza, pese a que en la campaña electoral había prometido no hacerlo.

En dicha privatización Lafalla le adjudicó la empresa de aguas a un consorcio formado por: la francesa Saur Internacional con 32% del capital y el gerenciamiento, la estadounidense Azurix (subsidiaria de Enron) también con 32%, el grupo Inversora Mendoza SA con el 3,5%, la italiana Italgas con el 2,5%, el gobierno provincial con el 20% y los empleados el 10% restante.

Inversora Mendoza SA estaba formada por Presidente SA, de Mario Groisman, y Dalvian. El interés de ambos en OSM estaba dado por la necesidad que tienen ambos de provisión de agua potable para sus barrios en el pedemonte y que la que tenían les era insuficiente, debiendo recurrir al bombeo de pozos.

Alfredo Vila venía alentando desde hace años su “Proyecto Hipocampo” que consistía en construir el “Acueducto del Oeste”, que era una toma de agua del río Mendoza a la altura de Alvarez Condarco para llevarla hasta su barrio Dalvian, pero no había tenido éxito con ningún gobierno.

Con su participación en el consorcio ganador finalmente lo consiguió, porque en el año 2006 OSM construyó el cuestionado acueducto, que parte de la planta potabilizadora de Alto Godoy y llega hasta el “Cristo de los Cerros” en el barrio Dalvian. A ese respecto, el poder Ejecutivo había pedido la opinión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo informe fue negativo por “los efectos secundarios que tendría el acueducto sobre el resto de la población”.

De esta forma se benefició enormemente Vila, que hasta ese momento proveía de agua a Dalvian con 4 pozos subterráneos, porque le construyeron un acueducto y él cobra el agua a los habitantes de su barrio, sin haber hecho ninguna erogación.

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En el barrio Dalvian viven unas 3.000 personas, una cantidad superada por el barrio La Favorita, entre otros muchos del pedemonte, que a raíz de dicho acueducto quedaron sin provisión suficiente de agua. Es por eso que los vecinos de dicho barrio protestaron lavando ropa frente a la casa de gobierno.

Azurix, uno de los socios de OSM SA con el 32% de las acciones, era controlada por la petrolera norteamericana Enron que cayó en quiebra y se puso a la venta su participación en la empresa mendocina, mediante un concurso privado al que se presentaron Vila y Groisman.

Las acciones de Azurix pasaron a manos de South Water Argentina SA, una firma que es accionista mayoritaria de Petroquímica Cuyo y que también participa en el negocio del agua como socio de las concesionarias de las provincias de Formosa y de Santiago del Estero.

Finalmente la nueva composición accionaria de OSM quedó conformada de la siguiente forma: Saur Internacional (32,08%), South Weather (32,08%), Italgas (2,5%), provincia de Mendoza (20%), personal de la empresa (10%) y Alfredo Vila con Mario Groisman (3%)

Saur planteó una demanda por 70 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por presuntas inversiones realizadas y no reconocidas por el Estado mendocino.

Lo cierto es que la privatización de OSM que realizó Lafalla terminó siendo un desastre, tal es así que otro gobierno de su propio partido (Celso Jaque) en agosto del 2009 intervino la empresa por sus incumplimientos e irregularidades en la administración, hasta que en julio del 2010 decidió cancelar la concesión y reestatizar la empresa bajo la figura de Aguas y Saneamiento de Mendoza (AYSAM), que se llama “Aguas Mendocinas”, que tiene el 90% de participación estatal y el 10% restante siguió en manos del personal. La francesa Saur contraatacó con una demanda patrocinada por el estudio Beccar Varela de Buenos Aires, también abogados de Vila-Manzano.

En 1983 la familia Vila se apoderó de la radio Nihuil, comprando las acciones de Raquel Marteletti, esposa de Guillermo Sánchez Cores, titulares de esa radio. A partir de allí los Vila iniciaron una larga batalla en los tribunales para desalojar a Sánchez Cores de la presidencia del directorio de la radio. Sánchez Cores fue jaqueado por una lluvia de denuncias penales que lo obligaron a ceder, accediendo a venderles el resto del paquete accionario. Pero el pago nunca lo concretaron y se abrió una prolongada instancia judicial que culminó en el año 2000, cuando la Suprema Corte de la Provincia falló en favor del derecho de Sánchez Cores a cobrar.

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Tiempo después mudaron la antena de la radio Nihuil al Cerro Arco e iniciaron un insólito reclamo de “expropiación inversa” por el cual le reclamaban a la provincia una millonaria indemnización por supuestas obras realizadas en el cerro para la instalación de la antena. Para justificar la obra (apertura de un camino) presentaron facturas emitidas por Dalvian. Pero resulta que esta empresa, perteneciente al grupo Vila, no tenía declarado dichos ingresos en su contabilidad, ni en sus declaraciones de impuestos. Cuando Nicolás Becerra, compadre de Daniel Vila, era ministro de Obras Públicas de Bordón le dio curso al reclamo de los Vila, pese a conocer lo infundado del mismo.

La frecuencia de la radio Colón de San Juan llegaba hasta la provincia de Mendoza. Molestos por la competencia, los Vila instalaron en el cerro Arco un aparato que producía interferencias y no permitía una correcta audición de la radio sanjuanina. Los titulares de la radio Colón detectaron la maniobra e hicieron una denuncia en los Juzgados Federales de Mendoza. Cuando el Fiscal Carlos Fuego llegó al lugar para hacer la constatación escuchó que desde la radio Nihuil se comunicaban por radio privada con el encargado que había en el cerro Arco y le decían que “sacara urgente el aparato de las interferencias porque irían del juzgado a verificar”.

En 1990 Roberto Dromi, amigo de Daniel Vila, les adjudicó la privatización de la radio Excelsior, que transformaron en radios La Red AM 910 y FM Top. La privatización no permitía la venta no obstante ello se la transfirieron a Torneos y Competencias.

La ley de radiodifusión limita la cantidad de medios que puede tener una empresa. Para eludir dicha disposición, se hicieron adjudicar medios por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) que pusieron a nombre de testaferros, como ser:

Por Resolución N° 1235/99 del COMFER le adjudicaron a Nicolás Martín Becerra la frecuencia 106.5 de Frecuencia Modulada de la Ciudad de Mendoza. Nicolás Martín Becerra es hijo del ex Procurador General de la Nación e integrante del Directorio de Supercanal Holdings SA la sociedad del grupo Vila-Manzano. También era apoderado de Seabrook, una empresa off shore de Manzano.

Por Resolución N° 1278/99 del COMFER le adjudicaron a Señal Mendoza SA en formación, integrada por Emir Roberto Félix e Integra Consultora SA, integrada por José Luis Manzano y Sergio Mastrapascua (secretario de Manzano), la frecuencia 106.5 de FM de Tupungato, Mendoza (lugar de nacimiento de Manzano).

Por Resolución N° 1005/99 del COMFER le adjudicaron a Señal Mendoza SA en formación integrada por Emir Roberto Félix e Integra Consultora SA integrada por José Luis Manzano y Sergio Mastrapascua la frecuencia 102.9 de FM de la Ciudad de Mendoza.

Por Resolución N° 1242/99 del COMFER le adjudicaron a Radio Veintiuno SA en formación integrada por Roberto Eduardo Suárez y Verónica Adela Díaz la frecuencia 102.6 de FM de la Ciudad de Mendoza. Suárez era locutor del Canal 7 de Mendoza de propiedad de Vila-Manzano. Veintiuno SA es otra de las sociedades del multimedio de Vila-Manzano.

Por Resolución N° 523/99 del COMFER le adjudicaron a Radio País SA en formación integrada por Daniel Eduardo Vila, Nihuil SA (sociedad de Vila-Manzano) y Dalvian SA (sociedad de la familia Vila) una frecuencia de FM en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Por otra parte, todas las estaciones de televisión (abierta y por cable) están sujetas al pago de un impuesto sobre su recaudación del 8% las estaciones de la Ciudad de Buenos Aires y del 6% las del interior del país. Mientras que las radios están sujetas al pago del 4% en la Capital y del 4% en el interior. Pero, durante la presidencia de Carlos Menem, el COMFER le concedió a las empresas del grupo Vila-Manzano una excepción de pago del 100%, desde julio de 1989 hasta agosto de 1994, lo cual fue denunciado por la Oficina Anticorrupción (OA).

Emir Félix Intendente de San Rafael, testaferro de Vila-Manzano
Emir Félix Intendente de
San Rafael, testaferro de
Vila-Manzano

En el año 1998, después que se asociaron con José Luis Manzano, como se verá más adelante, firmaron un compromiso de compra de radio Rivadavia. La adquisición fue a Luis Cetrá, en realidad testaferro del radical Enrique “Coti” Nosiglia.

Radio Rivadavia, nacida en el año 1934 y la primera en transmitir durante las 24 horas del día, era la tercera emisora radial en importancia de la Ciudad de Buenos Aires, con el 15% de la audiencia.

A fines del 2001 pidieron la formación del concurso de acreedores de radio Rivadavia. En dicho concurso, Cetrá había comprado la mayoría de los créditos, pero no el más importante de todos que era la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), que representaba el 35% del pasivo. Vila y Manzano consiguieron que SADAIC canjeara su acreencia por publicidad. Dicha franquicia también la obtuvieron para las deudas de las demás empresas del grupo con ese organismo que representa los intereses de los actores y compositores, quienes de esta forma se vieron perjudicados.

Del mismo modo consiguieron que el COMFER le hiciera una quita del 85% a la deuda que tenía radio Rivadavia con dicha repartición pública y que el saldo fuera pagado con publicidad.

Como Vila-Manzano no habían pagado lo acordado, hubo acciones judiciales que culminaron con la devolución de la radio a Cetrá.

En el 2003 junto con Daniel Hadad, actuando como testaferro de Raúl Moneta, compraron el 66,66% de la radio La Red, que era el nuevo nombre que le dieron a la radio Excelsior, adquirida por Vila en una privatización y luego traspasada ilegalmente a Torneos y Competencias.

Hadad también le había servido de fronting a Raúl Moneta para comprar el canal 9 de televisión, que era del CEI presidido por Moneta, al que el gobierno de la Alianza lo obligó a vender, porque también eran dueños de Telefé. Fue entonces que el CEI le vendió el Canal 9 a un grupo encabezado por Daniel Hadad (50%) acompañado por Fernando Sokolowicz (42%), titular del diario Página 12, y por Benjamín Vijnovsky (8%), un ex directivo del grupo Meller.

La sorpresa radicaba en que ninguno de ellos tenía capacidad económica para pagar lo convenido y asumir las abultadas deudas. Poco antes, Hadad y Sokolowicz también asombraron al ambiente periodístico al comprar el diario BAE e invertir importantes sumas para posicionarlo como Infobae. Tiempo después blanquearían, en parte, a los verdaderos titulares, cuando Sokolowicz y Vijnovsky transfirieron sus acciones del Canal 9 a Moneta y también el diario Infobae.

En 1985 crearon Supercanal SA en sociedad con Miguel Frustaglia y la familia Terranova, también amigos de Manzano, por cuyo intermedio obtuvieron con el Intendente Carlos Grosso la adjudicación directa de la carteleria en la vía publica para la sociedad “Luces de Mi Ciudad SA”, esa fue una de las tantas causas penales que se le abrieron Grosso.

Al poco tiempo compraron “Aconcagua Televisión”, con lo cuál quedaron como único operador de TV por cable en Mendoza.

Luego otra empresa intentó instalarse a prestar el servicio de televisión por cable, pero gracias a sus influencias consiguieron que la empresa de energía (EMSE) les prohibiera cablear, aduciendo que los postes de luz ya estaban saturados y “no soportarían el peso” de mas líneas de cable.

En 1995 los Vila se pelearon con los Terranova y compraron su parte en Supercanal en 18 millones de dólares, que aparecieron aportados por Mastec Inc. de la familia Mas Canosa, quienes en realidad encubrían el aporte de capital de José Luis Manzano.

De esta forma Manzano lavó el dinero obtenido ilícitamente en su paso por el Gobierno. En el directorio de Supercanal no había ningún director que representara al cubano anticastrista Mas Canosa y la apoderada de ese grupo era Adelina Dalesio de Viola, viceministro de Manzano en el Ministerio del Interior, lo cuál confirma que Mas Canosa actuaba como su testaferro.

En ese año, cuando regresó Manzano al país, dijo: “Yo no hice nada ilegal. Gracias a Dios no tengo ninguna cosa pendiente con la Justicia. He vuelto para insertarme como un académico” en declaraciones formuladas al diario La Nación.

Orlando y Eduardo Terranova
Orlando y Eduardo Terranova

Martín Ruti, ex secretario de Daniel Vila, presentó una denuncia por lavado de dinero, tanto en AFIP como en la justicia federal. Debido a ello, la AFIP abrió numerosas inspecciones sobre las personas y empresas involucradas pero al poco tiempo, a pedido de Manzano, Alberto Abad, director de ese organismo, reemplazó al jefe de la Región Mendoza, Carlos Pantin, por otro funcionario que se encargó de archivar las actuaciones. A partir de ese momento otro tanto hizo el juez Alfredo Manuel Rodríguez, el mismo que actuó en el juicio de Dalvian contra la UNC, de aceitadas relaciones con el grupo Vila-Manzano.

En el directorio de Supercanal figuraban como presidente Daniel Vila y en calidad de directores Alfredo Vila Santander, Neil Bleasdale, Mariano Lucero, Sergio Ceroi, Guillermo Bordallo, José Luis López, Nicolás Martín Becerra y José Luis Manzano. O sea todas personas del entorno de la familia Vila y de Manzano.

Mas Canosa era socio figurativo del 40% de las acciones. Cabe preguntarse ¿quién invierte de esa forma sin tener algún tipo de control sobre el manejo de la sociedad?. En las empresas del grupo Vila no había ningún auditor de Mas Canosa. Cuando hicieron la puesta en escena, vino el hijo de Mas Canosa estuvo un día y después nunca más volvió.

A Manzano lo presentaron como “asesor financiero”, él es médico, de quién decían que era un “empleado caro”. Mucho tiempo después, cuando el verso era insostenible y cuando la AFIP dejó de molestarlos, blanquearon su participación como accionista del grupo.

El grupo de Mas Canosa (Mas Tec) junto a José Luis Manzano, protagonizaron en los Estados Unidos el vaciamiento de la empresa Sintel.

Jorge Mas Canosa
Jorge Mas Canosa

artir del desembarco del dinero de Manzano, comenzaron un impresionante raid de compras de cables del interior del país.

Entre 1996-1997 por intermedio de Supercanal compraron las siguientes emisoras de TV por cable:
1) En Mendoza: Nuevo Horizonte SRL (5.000 abonados), Etemsa SA (5.500 abonados), TTV SA (6.000 abonados), CTC SRL (21.000 abonados)
2) En Tucumán: ATS – Aconquija Televisora Satelital SRL (32.000 abonados), ACV Cable Visión SRL (4.000 abonados), Telesur SRL (6.000 abonados), Nueva Visión Satelital SRL (1.500 abonados), Lules Cable Color (1.000 abonados), AT Sat SRL (1.500 abonados), Monteros Televisora Color SRL (2.000 abonados), ICC (3.500 abonados)
3) En Catamarca: Catamarca TV Cable SA (16.000 abonados)
4) En La Rioja: TV Cable La Rioja SA (20.000 abonados) y TV Cable Chilecito (4.000 abonados), estas dos firmas cuyo verdadero propietario era Carlos Menem
5) En San Luis: Carolina Cable Color SA (5.500 abonados), CTC Mercedes (6.000 abonados), San Luis Cable SA (10.000 abonados)
6) En Córdoba: Telesat (2.000 abonados), Tajamar Sistemas Electrónicos (4.000 abonados), General Levalle (1.200 abonados), Vicuña Mackenna TV (2.000 abonados), además constituyeron lntegra Cable SRL (3.000 abonados)
7) En San Juan: TVO SA (30.000 abonados), Rawson Cable (22.500 abonados).

Daniel Vila y José Luis Manzano
Para ocultar el origen de los fondos de Manzano crearon un entramado de sociedades controlantes de las sociedades titulares de las emisoras de cable, a saber:
– Supercanal SA es controlado por Supercanal Holding SA (99,99% de las acciones) y SHO SA (0,01%). SHO es otra sociedad del grupo.
– Trinidad Televisión SA (canal de cable de Mendoza) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99% de las acciones) y SHO SA (0,01).
– Telecable SA (canal de cable de Mendoza) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99% de las acciones) y SHO SA (0,01%).
– Mirror Holding SRL (canal de cable de Mendoza) es controlado por Daniel Vila (45%), Alfredo Luis Vila (45%) y Alberto Vila abogado del grupo (10%).
– Cable Televisora Color SRL (canal de cable de Mendoza) es controlado por Mirror Holding SRL (65%) y Zoraida Gattas de Alvarez (35%)
– Pehuenche Cable Televisora Color SRL (canal de cable de Mendoza) es controlado por Mirror Holding SRL (65%) y Zoraida Gattas de Alvarez (35%).
– Sucanal SRL (canal de cable de Mendoza) es controlado por Mirror Holding SRL (88,89%) y Daniel Vila (11,11%).
– Horizonte SRL (canal de cable de Mendoza) es controlado por Daniel Vila (75%) y Alfredo Luis Vila (25).
– Televisora del Oeste SA (canal de cable de San Juan) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99% de las acciones) y el resto son accionistas ajenos al grupo (Francisco Montes y Dante Montes).
– Cable Televisora Color Mercedes SRL (canal de cable de San Luis) es controlado por Mirror Holding SRL (99,17%) y Daniel Vila (0,83%).
– TV Cable La Rioja SA (canal de cable de La Rioja) es controlado por Supercanal Holding SA (99,09%) y SHO SA (0,91%).
– Facundo TV SA (canal de cable de La Rioja) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– TV Cable Catamarca SA (canal de cable de Catamarca) es controlado por Supercanal Holding SA (99,95%) y Supercanal SA (0,05%).
– Tele Imagen Codificada SA (canal de cable de Santiago del Estero) es controlado por Supercanal Holding SA (70,00%) y otros accionistas (30,00%).
– Monteros Televisora Color Mercedes SRL (canal de cable de Tucumán) es controlado por Mirror Holding SRL (99,99%) y Daniel Vila (0,01%).
– Aconquija Televisora Satelital SRL (canal de cable de Tucumán) es controlado por Mirror Holding SRL (90,00%) y Luis Ernesto Garretón (10,00%).
– ACV Cable Visión SRL (canal de cable de Tucumán) es controlado por Mirror Holding SRL (99,98%) y Daniel Vila (0,02%).
– AT Sat SRL (canal de cable de Tucumán) es controlado por Mirror Holding SRL (99,90%) y Daniel Vila (0,10%).
– Nueva Visión Satelital SRL (canal de cable de Tucumán) es controlado por Mirror Holding SRL (95,00%) y Gustavo Olarte (0,50%).
– Cable Max SA (canal de cable de Santa Cruz) es controlado por Comunicaciones Austral SA (99,90%) y Supercanal Holding SA (0,10%).
– Televisora Austral SA (canal de cable de Tierra del Fuego) es controlado por Comunicaciones Austral SA (99,98%) y Supercanal Holding SA (0,02%).
– BTC SA (canal de cable de Río Negro) es controlado por Comunicaciones Austral SA (80,00%) y Carlos Fernández (20%).
– Visión Codificada SA (canal de cable de Río Negro) es controlado por BTC SA (99,99%) y Carlos Fernández (0,01%)
– San Martín de los Andes Televisora Color SA (canal de cable de San Martín de los Andes) es controlado por Comunicaciones Austral SA (99,50%) y Supercanal Holding SA (0,50%).
– Rawson Cable SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– Inversora Antena Comunitaria Trelew SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– Antena Comunitaria SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Inversora Antena Comunitaria Trelew SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– Inversora Atelco Comodoro SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– Atelco SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Inversora Atelco Comodoro SA (99,96%) y SHO SA (0,04%).
– Cablesur SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– Cabledifusión SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Austral Comunicaciones Corp. (97,00%) y otros accionistas (3,00%).
– Austral Comunicaciones Corp. es Tescorp Inc. y es controlado en un 100% por Supercanal Holding SA. Austral Comunicaciones y Tescorp son sociedades constituidas en el exterior (USA).
– Comunicaciones Austral SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Austral Comunicaciones Corp. (97,00%) y Supercanal Holding SA (3,00%).
– SMR SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Austral Comunicaciones Corp. (97,00%) y Supercanal Holding SA (3,00%).
– Transcable SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Comunicaciones Austral SA (99,99%) y Supercanal Holding SA (0,01%).
– Patagonia on Line SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Comunicaciones Austral SA (99,98%) y Supercanal Holding SA (0,02%).
– ART TV SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por SMR SA (99,98%) y Supercanal Holding SA (0,02%).
– SHO SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Grupo Uno SA (51,50%), Latlink Inc. (28,50%) y Multicanal SA (20,00%).
– SCH SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (99,99%) y SHO SA (0,01%).
– DTH SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Grupo Uno SA (60,00%), Laser (30,00%) y G3 (10%.
– Arlink SA (canal de cable de Buenos Aires) es controlado por Supercanal Holding SA (51,00%) y Alberto Luis Vila (49,00%).
– Carolina Cable Color SA (canal de cable de San Luis) Supercanal Holding SA tiene el 32,50% de las acciones.
Pero además el gobierno de Carlos Menem, le adjudicó a Supercanal una licencia para operar telefonía pública.

Daniel Vila Y josé Luis Manzano
Daniel Vila Y josé Luis Manzano

Uno de los vehículos que utilizaron para introducir el dinero lavado de Manzano fue Seabrook, una sociedad que tenía su domicilio en Montevideo, Uruguay,

El representante de dicha sociedad era Nicolás Martín Becerra (hijo del ex Procurador General de la Nación) y que también operaba con el Federal Bank de Raúl Moneta.

Que el hijo de Becerra era apoderado de Seabrook surgía del Boletín Oficial de la Nación (Nº 29.127). No obstante esas inscripciones, Becerra negó que su hijo integrara las empresas del grupo

Nicolás Becerra, padre e hijo, con José Luis Manzano
Nicolás Becerra, padre e hijo,
con José Luis Manzano

Además tienen otros cables a nombre de testaferros, a saber:

– En San Luis son propietarios de Justo Daract Imagen SA (4.000 abonados) el cual se encuentra a nombre de Carlos Aguinaco, funcionario de Supercanal de España.
– También en San Luis son dueños de: Concarán Video Cable, Tilisarao Video Cable y La Toma Video Cable (3.000 abonados), los cuales están a nombre de Carlos Aguinaco y de Gustavo Otegui.
– En San Luis también tienen la licencia de un canal a nombre de Libre SRL sociedad en la que figuran como titulares Guillermo Bordallo, Miguel Angel Nicolás y Emilio Salas.
– En Córdoba (Alta Gracia), son dueños de Tajamar Sistemas Electrónicos SA (8.000 abonados), que figura controlada por Emilio Salas.
– En Santiago del Estero tienen Frías Cable Color SRL (3.500 abonados), figuran como titulares Gustavo Olarte y Emilio Salas.
– En La Rioja compraron Cable Color SA y TV Regional Centro SA (2.000 abonados), los cuales estaban a nombre de Jorge Camzutti cuyo verdadero dueño era Carlos Menem.
Sandro se recupera de la nueva operación y continúa estable
Miguel Angel Nicolás, testaferro
de Vila-Manzano
Algunos de estos testaferros (Miguel Angel Nicolás y Emilio Salas) pertenecen al equipo médico del Dr. Claudio Burgos.

Miguel Angel Nicolás, testaferro de Vila-Manzano
Miguel Angel Nicolás, testaferro
de Vila-Manzano

Vila-Manzano compraron la radio FM Vox en la provincia de La Pampa que pusieron a nombre de los hijos del ex diputado manzanista Jorge Matzkin. Dicha radio no tiene habilitación del COMFER, pero eso no ha sido obstáculo para que siga funcionando. Dicha radio retransmite la programación de la radio La Red de Buenos Aires, perteneciente Vila-Manzano.

Por otra parte se apropiaron del un canal “okupa”, en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Se trata del Canal 13 de TV abierta que no difunde programas, sino que únicamente emite una señal de ajuste las 24 horas, adelantándose a la nueva ley de medios, con la intención de legalizarla en un futuro.

Del mismo modo habían puesto a nombre de la familia Matzkin un conjunto de emisoras de TV por cable, a saber:

– Huinca Cable Visión SA, de Victorica
– San Francisco Cable Color SA, de San Francisco del Monte de Oro en San Luis
– Concarán Video Cable SA, de Concarán, San Luis
– Justo Daract Imagen SA, de Justo Daract, San Luis
– Vicuña TV, de Vicuña Mackenna, Córdoba
– Red Horse SA, de General Levalle, Córdoba
– Huinca Cable Visión SA, de Huinca Renancó, Córdoba
– Tilisarao Circuito Cerrado, de Tilisarao, San Luis, y
– Tilisarao Circuito Cerrado SA, de Naschel, San Luis.

ge Matzkin y Sra. en el cumpleaños de Alfredo Vila
ge Matzkin y Sra. en el cumpleaños de Alfredo Vila

Posteriormente se vincularon con el banco ING a través de Germán Ranftl, que era el representante de dicha firma en la Argentina, y tomaron créditos por 500 millones de dólares, dando como garantía prenda sobre las acciones de las empresas de cable compradas, haciendo figurar dichas compras por cifras muy superiores. Al poco tiempo de otorgar esos préstamos, Germán Ranftl dejó el banco ING y pasó a trabajar para el grupo Vila-Manzano.

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Con esos fondos continuaron comprando y desarrollando canales de cable, tanto en la Argentina como en el exterior, como ser:

– En 1997 compraron el 25% del paquete accionario de Procono SA, un canal de cable con telefonía en las zonas de Castilla y León en España.
– También en España crearon la empresa Supercanal de Cable de España SA, en la cual invirtieron cuantiosos fondos provenientes de la Argentina, alrededor de u$s 150.000.000.
– En 1998, a través de Grupo Uno SA, compraron en Brasil: el 80% de las acciones de “Penedo – Som e Imagen Ltda.”, sociedad que utiliza el nombre comercial “VVC” (Vitoria Video Cabo), sociedad en Espirito Santo titular de: el 99,98% de las acciones de “Alvarez & Alvarez Ltda.”, sociedad en Espirito Santo que utiliza el nombre comercial “A&A”; el 70% de “Servicios de Video Selim Ltda. ME”, sociedad en Río de Janeiro que utiliza el nombre comercial de “Zeisat TV a Cabo”; el 85% de “Teresópolis Electro Audio e Imagens Ltda.”, sociedad en Río de Janeiro que utiliza el nombre comercial “T.V.C. Teresópolis Video Cabo”; el 85% de “CATV Sat Ltda.”, sociedad en Río de Janeiro; el 80% de “Spectrum-Sistemas de Televisao Ltda.”, sociedad en Sao Paulo que utiliza el nombre comercial “Spectrum”. Uno de los dueños de Spectrum era Carlos Heller, gerente general del Banco Credicoop, banco que asistió generosamente al grupo Vila-Manzano y los encubrió, al punto que pagaban sus cheques pese a los embargos que recaían sobre sus cuentas en dicho banco.
– En Bolivia compraron dos canales (en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra).
– En la República Dominicana crearon Dominicana Supercanal.
A continuación compraron el 70% de “TDH” una empresa de televisión satelital que cubría zonas donde no llegaba Supercanal.

Posteriormente se incorporó como accionista de Supercanal, con el 20% de las acciones, la firma Multicanal SA, que en esa época pertenecía al CEI (presidido por Raúl Moneta), Telefónica y el grupo Clarín.

En definitiva, el grupo de cables aglutinados por Supercanal llegó a tener más de 550.000 abonados, casi el 10% del total del país.

Luego realizaron una colocación de Obligaciones Negociables a través de la bolsa de Nueva York por 300 millones de dólares. Pero en abril de 1999, cuando se produjo la caída del Banco Mendoza administrado por Raúl Moneta, banco del cuál el grupo Vila-Manzano era accionista y su principal deudor, ahí comenzaron los problemas financieros para el grupo.

A fines de 1999, Supercanal y todas las empresas de cable que habían comprado mudaron su sede social a Buenos Aires, con la finalidad de estafar a sus acreedores. Previamente fusionaron todas las empresas bajo el control de Supercanal Holding SA. En dicha fusión declararon tener los siguientes Activos, Pasivos y Patrimonio Neto.

Empresa Activo Pasivo Patrimonio Neto
Supercanal SA 191.572.144 199.767.136 -8.194.992
Cable Televisora Color Mercedes SRL 6.273.786 8.574.796 -2.301.010
Horizonte SRL 1.383.383 1.273.947 109.436
ACV Cablevisión SRL 2.073.347 1.479.893 593.454
Monteros Televisora Color SRL 873.364 851.762 21.602
AT SAT SRL 854.789 671.033 183.756
Sucanal SRL 2.556.381 2.414.682 141.699
Televisora Austral SA 4.891.444 3.942.634 948.810
Inversora Antena Comunitaria Trelew SA 8.065.569 1.921.475 6.144.094
Inversora Atelco Comodoro SA 22.510.836 11.521.186 10.989.650
Antena Televisión Comunitaria SA 4.189.312 3.387.331 801.981
Atelco SA 11.786.314 11.657.764 128.550
Transcable SA 13.861.691 17.088.394 -3.226.703
San Martín de los Andes Televisora Color SA 2.051.427 1.748.367 303.060
Cablemax SA 11.642.495 7.551.055 4.091.440
SMR SA 6.213.626 1.169.241 5.044.385
ARTV SA 5.130.940 4.225.961 904.979
Cabledifusión SA 2.908.656 3.916.914 -1.008.258
Totales 298.839.504 283.163.571 15.675.933

Por encima de Supercanal Holding SA, crearon la firma Supercanal NV en Curazao en las Antillas Holandesas, que poseía el 58% de las acciones de la empresa holding. En dicha sociedad off shore también participaba el grupo Clarín, con su tenencia accionaria sobre Supercanal, dado que Clarín se había separado del CEI y se había quedado con Multicanal, accionista a su vez de Supercanal con el 20% de las acciones.

La maniobra de la estafa concursal la concretaron de la siguiente forma: se hicieron pedir la quiebra por montos pequeños en varios juzgados de Buenos Aires, e iban levantándolos depositando, hasta llegar a un juzgado permeable para luego transformar la quiebra en un concurso preventivo.

Así fue como el 19 de abril del 2000, el Juzgado Nacional Nº 20, a cargo del juez Raúl Taillade, decretó la apertura del concurso preventivo de: Supercanal Holding SA, Supercanal SA, Mirror Holding SRL y de sus subsidiarias (Expediente Nº 40.103). Como síndico verificador fue designado el estudio Suez, Pustilnik, Scheps y Asociados, quienes se encargaron de rechazar la mayor parte de los créditos que se les presentaron a verificar, criterio seguido por el juez Taillade, el mismo que dirimió escandalosamente la liquidación del Banco República de Moneta.

Cuando se presentaron en concurso preventivo declararon tener un pasivo superior a los 500 millones de dólares, lo cual demuestra la falsedad de los estados contables del grupo, porque cuatro meses antes, cuando se fusionaron, declararon un pasivo total de 283 millones, conforme surge del cuadro expuesto precedentemente.

Por otra parte, poco antes de presentarse en concurso, Supercanal firmó un contrato de “gerenciamiento”, por el cual, a cambio de una pequeña cifra por abonado le cedió la totalidad de sus ingresos a dicha gerenciadora, con lo que vaciaban la empresa en perjuicio de los acreedores, sin embargo esto fue tolerado por la Sindicatura y por el venal Juez del concurso.

Una vez abierto el concurso todos los acreedores deben presentarse a verificar sus créditos a la Sindicatura, inclusive los que tengan garantías reales (hipotecas o prendas), pero éstos últimos acreedores que gozan de privilegio, una vez verificados sus créditos pueden ejecutar sus garantías.

En este caso los acreedores que tenían prendas sobre las acciones de las empresas de cable compradas iniciaron sus ejecuciones prendarias, pero les interpusieron un insólito recurso de amparo, en el Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, que no era competente en razón del domicilio, recordemos que se habían mudado a Buenos Aires. El hecho es que el Juez Gerardo Walter Rodríguez, de amistad íntima con Becerra y el mismo que por su gestión le otorgó ilícitamente la ciudadanía a Al Kassar y a otros seis ciudadanos árabes, quién ordenó a los acreedores con privilegios especiales de Supercanal que se abstuvieran de proceder al remate de las acciones.

En el concurso de acreedores la empresa concursada debe concurrir a una “audiencia informativa” para dar explicaciones sobre el estado de las negociaciones con sus acreedores y exteriorizar su propuesta de pago. También hay un “período de exclusividad” dentro del cual debe presentar las mayorías de conformidades de los acreedores que establece la ley para cada categoría de acreedores (privilegiados o quirografarios, o sea comunes), caso contrario se le decreta la quiebra y se pasa a la inmediata liquidación de los bienes.

La venal Sindicatura de Supercanal propuso que los bonistas no votaran y fueran excluidos del cómputo, con lo cual se podía aprobar el concordato sin la participación del 80% o más del capital verificado.

En enero de 2001 Supercanal presentó la propuesta de pago. Pero a continuación realizó un insólito reclamo legal por el sistema de votación que debería regir entre sus acreedores a la hora de definir la propuesta, pretendiendo que se aplicara la legislación norteamericana bajo la cual fueron emitidos los títulos de la deuda.

Al presentar su concurso en el país las empresas se someten a la legislación local, sin embargo, en marzo de 2003, la corrupta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de Supercanal y extendió sin límites los referidos plazos concursales, basándose en un dictamen favorable del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

Daniel Vila y Nicolás Becerra
Daniel Vila y Nicolás Becerra

En este caso, Becerra debió excusarse y apartarse de la causa por su amistad íntima con Daniel Vila, entre otras cosas padrino de su hijo, quién además era director de Supercanal Holding SA (según consta en el Boletín Oficial de Capital Federal – Nº 29.339 del 17/02/2000) y de Tele Imagen Codificada SA (según constancias en el Boletín Oficial de Santiago del Estero – Nº 16.748 del 23/05/2000).

El hijo de Becerra también era apoderado de Seabrook, una empresa off shore de Manzano, conforme vimos anteriormente.

El escandaloso fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que favoreció indebidamente a Supercanal fue suscripto por unanimidad de todos sus miembros, incluso por Enrique Petracchi, de estrechos vínculos con Moneta, para esa época socio de Daniel Vila y de José Luis Manzano en el vaciamiento del Banco Mendoza.

En el concurso de Supercanal fue designado el “Estudio Horacio Casal y Asociados” como Sindicatura Vigilante, cuya finalidad era informar periódicamente al Juzgado sobre la administración de las empresas. Pero dicha sindicatura no cumplió con su función e hizo la vista gorda al vaciamiento de las empresas que estaban concretando Vila y Manzano, razón por la cuál la jueza subrogante Julia Villanueva los removió en agosto del 2004.

Enrique Petracchi
Enrique Petracchi

Finalmente, después de la “limpieza” de pasivos que efectuaron la Sindicatura y el Juez, que además declararan como quirografarios, o sea comunes, los préstamos con garantía prendaria concedidos por ING Bank y un grupo de bancos extranjeros, el pasivo de Supercanal quedó establecido en 286 millones de dólares y a fines del 2005 obtuvieron las mayorías para homologar la propuesta de acuerdo.

Por otra parte la empresa Multicanal, accionistas de Supercanal con el 20% de las acciones, que pertenecía al CEI, Telefónica y al grupo Clarín, fue comprada por Clarín, iniciándose desde ese momento una serie de juicios entre ellos que aún perduran.

En en uno de esos juicios Multicanal impugnó un contrato suscripto por Supercanal con Integra Financial Service, empresa off shore de Manzano, mediante el cual se pagaron importantes remuneraciones de consultorías no realizadas. Siendo además de Integra Financial Service era accionista de Supercanal en representación de la participación de Manzano.

En el año 2002 Manzano viajó a Italia para formular una propuesta de compra de su empresa Integra Financial Service para comprar el 50% de Telecom Argentina que estaba en manos de Telecom de Italia, en 300 millones de dólares.

En el 2007. a pedido de Supercanal y del Canal 7 de Vila-Manzano, obtuvieron un fallo de la jueza federal Olga Pura de Arrabal, mediante el cuál obligó a la TV Pública (Canal 7 de Buenos Aires) a “abstenerse de trasmitir” en Mendoza.

Tiempo después, esta misma magistrada, que ahora vive en el barrio Dalvian, en un recurso de amparo que le llevaron, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales, que obligaba al grupo Vila-Manzano a deshacerse del exceso de medios que poseen en violación de dicha ley, porque, según su razonamiento, el Congreso incurrió en irregularidades reglamentarias al sancionar la norma y por “la política acelerada que se ha impreso, tanto a la sanción de la ley, como a los actos implementados para hacerla efectiva”.
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a Pura de Arrabal de Canals, antes de ser designada en el Juzgado Federal en reemplazo del renunciante Gerardo Walter Rodríguez, integraba el staff de la Universidad del Congreso, que. como se verá más adelante. fue tomada ilegalmente por el grupo Vila-Manzano, y además fue abogada de Supercanal. Por otra parte uno de sus hijos (Juan Esteban Canals) sería ahijado de Daniel Vila.

A esa juez, que es incompetente en razón del territorio, también le llevaron una acción contra la ley provincial 5.775, que regula la instalación y funcionamiento de los casinos en hoteles de lujo en Mendoza, en una presentación que hizo el diputado provincial Ricardo Puga del Bloque Unipersonal Proyecto Independiente Mendoza (PIM), legislador que responde a los intereses del grupo Vila-Manzano, como se verá más adelante.

Olga Pura de Arrabal
Olga Pura de Arrabal

En 1993 crearon el diario UNO de Mendoza, a cuya inauguración asistió el presidente Carlos Menem. A partir de ese momento, con fondos aportados por Manzano, terminaron la construcción del edificio para el diario UNO.

La rotativa la compraron con un generoso crédito de 3 millones de dólares concedido, sin garantías reales y sin que tuvieran carpeta de crédito en condiciones, por Carlos Heller, gerente general del Banco Credicoop, muy amigo de Vila y de Manzano. Con el tiempo cancelaron esa deuda entregando terrenos sobrevaluados del barrio Dalvian. Ya vimos cómo el banco Credicoop pagaba los cheques de Vila-Manzano, pese a los embargos que recaían sobre sus cuentas en dicho banco.

Posteriormente adquirieron el diario Nueva Hora que renombraron como diario UNO, en Paraná y en Santa Fé. Al mismo tiempo compraron las radios entrerrianas de Gualeguaychú y Victoria. También crearon la revista “Primera Fila” que se distribuye a los abonados de Supercanal.

En el año 1996 constituyeron “Grupo Uno SA”, empresa que aglutinaba los diarios del grupo Vila-Manzano.

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En 1997 Grupo Uno firmó un compromiso de compra de El Diario La República de la provincia de San Luis, perteneciente a la familia Rodríguez Saa. En dicha operación apareció como representante de los compradores Adelina Dalesio de Viola, quién había sido Subsecretaria de Manzano en su paso por el Ministerio del Interior y testaferro de éste en la simulación de Mas Canosa como accionista del grupo Vila en Supercanal.

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Pero Vila y Manzano no pagaron lo acordado y los Rodríguez Saa comenzaron una furiosa campaña judicial, política y mediática en su contra, que concluyó con la devolución del diario a los señores feudales de San Luis.

En el 2000 Grupo Uno le compró a Carlos Avila el 100% de la revista deportiva “El Gráfico” y el 50% de la revista “La Primera”. De inmediato el periodista Julio Villalonga fue designado director de “La Primera”. Antes de eso, Villalonga había escrito un libro sobre José Luis Manzano, llamado “Todo tiene precio” que fue una autobiografía elogiosa del ex funcionario menemista, que tuvo que renunciar asediado por las denuncias de corrupción en su contra y exiliarse en los Estados Unidos hasta que se extinguieran las referidas causas penales.

En ese mismo año Grupo Uno se fusionó con Avila Inversora, de Carlos Avila, bajo la razón social “América Multimedios”, con lo cual pasaron a ser accionistas del canal América TV, de CVN, del canal 10 de Junín y también del 20% del diario Ambito Financiero.

Ahí comenzó el “blanqueo” de la figura de Manzano, al que lo habían presentado como un simple “asesor financiero” y pasó a ser director del Multimedios América.

Al momento de ingresar como socio de América Daniel Vila registraba 205 cheques rechazados sin fondos por un total de $ 806.359 y solamente le habían abonado el 9% de sus libranzas según informaba la base de datos del Banco Central. Además el pasivo del multimedios La Capital, que habían presentado en Concurso Preventivo, era superior a los 60 millones de dólares, como se verá mas adelante.

Una de las primeras medidas que tomaron en América TV fue despedir al periodista Enrique Llamas de Madariaga y éste los demandó judicialmente. Tiempo después Daniel Vila lo encontró en una fiesta y le pegó e hirió cortándolo con un vidrio Ver video.

En el año 2001 pidieron la formación del concurso preventivo de América TV, declarando un pasivo de 67 millones de dólares. Este hecho, al que se suma las cuantiosas deudas con el COMFER y que Vila-Manzano no podían justificar el dinero con el que habían comprado, tal es así que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) los denunció por lavado de dinero. Todo ello determinaba que se les debía revocar la licencia, pero el gobierno de la Alianza y los posteriores no lo hicieron. Por el contrario el gobierno de Néstor Kirchner concedió una prórroga automática de 10 años a todos los medios, beneficiándose con esa medida.

Pero además lograron una modificación en la ley de concursos y quiebras, mediante la cual se estableció que los medios eran “industrias culturales del país”, de manera que no les era aplicable la figura del “cram down”, por la cual los acreedores de un proceso falencial podían quedarse con la propiedad de las empresas fallidas.

También consiguieron que la AFIP, como en su momento lo había hecho el COMFER, les permitiera pagar sus deudas impositivas con publicidad.

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Poder Ciudadano informó que, en el año 2004, América TV fue la emisora que más publicidad oficial recibió del gobierno de Néstor Kirchner con $ 8,6 millones, en segundo lugar estuvo el Canal 9 de Moneta con $ 6 millones, a continuación Canal 13 con $ 5 millones y finalmente Telefé con $ 4,4 millones. “Lo curioso es que esta preferencia del destino de la publicidad es inversamente proporcional al rating de los canales, según los datos de octubre de IBOPE, única empresa que hace esta medición en el país”, sostuvo Poder Ciudadano en un comunicado.

En el año 2005, se produjo el ingreso de Francisco de Narváez como socio al Multimedios América, comprando la mitad de las acciones que tenían Vila-Manzano, que estaban en manos de una sociedad controlada por ellos llamada Zarova SA.

En el año 2005, se produjo el ingreso de Francisco de Narváez como socio al Multimedios América, comprando la mitad de las acciones que tenían Vila-Manzano, que estaban en manos de una sociedad controlada por ellos llamada Zarova SA.

Tiempo después el COMFER presentó una denuncia penal en contra del diputado nacional Francisco de Narváez por haber ocultado su participación en el canal América TV, con las acciones de Zarova que le había comprado al grupo Vila-Manzano.

En el año 2006 compraron el diario La Mañana de Córdoba, que había sido creado por Julio Ramos, fundador del diario Ambito Financiero, y al frente del mismo lo pusieron a Luis María Casero, quién antes fue CEO del diario Los Andes y el que trajo al represor Ricardo Cavallo para hacer negocios con el Estado mendocino en la época del gobernador Rodolfo Gabrielli.

José Luis Manzano y Francisco de Narváez
José Luis Manzano y Francisco de Narváez

Al año siguiente, junto con de Narváez, aumentaron la participación en el Multimedios América, pasando a detentar el 95% del mismo y el 5% restante siguió en poder de la familia Avila.

En Córdoba también compraron la radio LV 2, que en mayo del 2009 se la traspasaron a Ignacio Julián Soba Rojo, que también aparece como figurado presidente de Delome SA, una sociedad que, según el juez Norberto Oyarbide, “pertenecía a Ricardo Jaime o a su entorno y era usada como pantalla para ocultar la verdadera propiedad de sus bienes”. El santacruceño Jaime era Secretario de Transportes de la Nación y tuvo que renunciar asediado por las denuncias sobre su pavoroso enriquecimiento ilícito durante su paso por la gestión pública bajo la presidencia de Kirchner.

En junio de 2007, aplicando similar estrategia que Supercanal para estafar a sus acreedores, pidieron la formación del concurso preventivo de Grupo Uno SA. Previamente mudaron el domicilio a Buenos Aires, como también el nombre, pasando a llamarse DMRT SA, y desaparecieron Daniel Vila y su hermano Alfredo Vila (h) como accionistas, pasando a ocupar sus lugares Rafael Tapia y Diego Mazzagatti.

Rafael Tapia es un empleado de la Municipalidad de San Rafael, allegado al intendente Emir Félix, también testaferro del grupo Vila-Manzano en la adjudicación de varias licencias de radios, como hemos visto anteriormente. Tapia también aparece como presidente de la empresa Grupo H, dueña de la revista “Poder & Sociedad”, originariamente constituida por Daniel Hadad, y luego vendida a Carlos Avila, que terminó traspasándosela a Vila-Manzano. Antes de eso, Tapia había actuado como prestanombre del grupo Vila-Manzano en la adjudicación de dos radios. Por su parte Diego Mazzagatti era director de la radio LT3 AM 640 de Rosario, también perteneciente al dúo Vila-Manzano.

El fraguado pedido de quiebra a DMRT lo formularon los abogados Raúl Zonana y Juan Mortarotti, este último hijo de Ana Mosso, la ultramenemista que fuera ministro de economía de Lafalla. Estos mismos profesionales fueron los que, usando el mismo procedimiento, pidieron la quiebra de Corporación de Los Andes, empresa de Moneta.

A Grupo H, luego de endeudarla la presentaron en Concurso Preventivo, fraguando créditos de sus propias empresas (Supercanal, Uno Multimedios, Uno Grafica, Uno Medios), Integra Investment de Manzano o Maxifarm de Moneta, para de esa manera asegurarse una mayoría de acreedores suficiente para imponerle al resto un desfavorable acuerdo preventivo.

En 1997 le compran a la familia de Ovidio Lagos el 75% del paquete accionario del multimedios La Capital de Rosario. Dicha compra incluía el diario La Capital de Rosario, las difusoras AM LT 3 Radio Cerealista y LT 8 de Rosario, además las estaciones de frecuencia modulada FM Vida, Estación del Siglo y la repetidora de Antena 100.

El diario La Capital, llamado “el decano de los medios de prensa del país”, fue fundado por Ovidio Lagos y Eudoro Carrasco el 15 de noviembre de 1867, llega a un público de más de dos millones de lectores, de cinco provincias.

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El 25% quedó en manos de Orlando Vignatti, un ex director del Banco Provincial de Santa Fe que era propietario de una decena de medios en Santa Fe y Entre Ríos. En el acuerdo Vignatti aportó el diario El Ciudadano, el diario Nueva Hora (de Entre Ríos) y las radios LT 8, FM 99.5, LT 39, LT 41, FM 90.1, LT 15 y FM 89.3, como también el canal 3 de televisión. Además contribuiría con 4.500.000 dólares a pagar en 18 cuotas mensuales de 250.000 dólares.

Una vez suscripto el convenio, el diario La Nueva Hora fue transformado en diario UNO de Entre Ríos y diario UNO de Santa Fe.

Pero al poco tiempo Vignatti los denunció, sosteniendo que sus socios lo engañaron al firmar el convenio de conformación del grupo, porque las deudas del diario La Capital eran un 30% superiores a las que le habían dicho y que la ganancia proyectada era un 30% menor a la prevista. “Fui sorprendido en mi buena fe y llevado mediante información retaceada” dijo Vignatti.

Por otra parte, como Vila-Manzano no pagaron lo acordado por la compra del Multimedios La Capital, Carlos María Lagos los denunció por administración fraudulenta, asociación ilícita y estafas. El Juez Carlos Triglia reunió pruebas y pericias que demostraban el vaciamiento de la empresa mediante fraudulentos préstamos de La Capital al Grupo Uno de Vila-Manzano. Se disponía a dictar procesamientos, cuando comenzaron los problemas para el respetado juez.

Le fabricaron una causa penal por coimas para apartarlo de la investigación. El diario La Capital publicó: “Procesado por intento de extorsión a varios directivos de La Capital. El empleado del Pami, Juan Mangiamelli, había exigido $ 3 millones para interceder por una denuncia”. La nota revelaba una trama que involucraba el juez Triglia, que falleció en abril del 2005 sin poder limpiar su nombre, salpicado por el caso.

Otro Juez, Carlos Carbone, recordó a su amigo: “había indagado a dos directores de un medio local, uno otrora funcionario del gobierno nacional de turno, donde sufrió la traición de algunos abogados a quienes confió que los procesaría, uno amigo y ex empleado. Luego aparece una denuncia radicada en Buenos Aires donde habrían filmado a una tercera persona que reclamaba una suma de dinero en su nombre para no procesarlos. Ante eso pretendieron apartarlo de la causa y lo lograron. La causa varió de rumbo y resultado. Una vieja y efectiva maniobra que esta gente ha implementado en otra provincia y con éxito”, refiriéndose al caso del juez Luis Leiva, hostigado desde que ordenó prisión para Raúl Moneta, amigo y asociado del dúo Vila-Manzano.

En la acción civil, el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario, en un laudo del prestigioso tratadista Jorge Mosset Iturraspe, resolvió que Manzano y Vila debían ser removidos del directorio de La Capital Multimedios por un vaciamiento cercano a los 20 millones de dólares contra las dos firmas del grupo: Editorial Diario La Capital SA y su comercializadora Séller SA, ambas en convocatoria de acreedores.

Las maniobras de vaciamiento fueron concretadas a través del desvío de fondos hacia el Grupo Uno, Uno Multimedios SA, Mendoza 21 SA y Multiuno SA, que recibieron 6 millones de dólares que La Capital había obtenido a través de un crédito otorgado por el Banco Nación. Pero el mismo día que debía cumplirse la medida de remoción, otro juez, Jorge Scavone, ordenó suspenderla mediante una insólita acción cautelar.

El veredicto del Tribunal Arbitral también señalaba que Vila-Manzano simularon cancelar una deuda de 6 millones de pesos con La Capital entregando acciones de una compañía (Arlink), cuyo patrimonio era inferior a 100.000 pesos, y además que otra firma de ellos (Uno Multimedios) cobraba y retenía indebidamente la facturación de La Capital. Hubo, además, una retención de alrededor de 10 millones de dólares correspondientes a publicidad del diario La Capital y Séller a través de una sociedad llamada Uno Multimedios SA que percibía los montos adeudados a las empresas citadas en concepto de publicidad vendida en Buenos Aires. Se pretendió cancelar la deuda entregando bienes sobrevaluados y/o supuestos servicios, siempre autocontratados con sociedades presididas por Vila y/o Manzano. También se otorgaron préstamos usurarios por parte de uno de los socios minoritarios de La Capital Multimedios SA a Séller SA, cobrándole un interés diario del 7% cuando por entonces las tasas eran de un 18% anual. El socio en cuestión, Tomás Gluck, fue procesado por administración fraudulenta y usura.

Para terminar de despojar a Lagos de su parte. Vila-Manzano urdieron un irregular aumento de capital de $ 9 millones. Cuando se celebró la asamblea de accionistas, le trabaron la puerta del ascensor al representante de Lagos, impidiéndole que hiciera su oferta de capitalización.

Jorge Mosset Iturraspe
Jorge Mosset Iturraspe

Ateriormente una jueza ordenó suspender el aumento de capital suscripto por una sociedad que controlaban Vila-Manzano, que pretendían cubrirlo aportando inmuebles que fueron sobrevaluados hasta en un 1.000% según sentenció la magistrada. Al día siguiente de dictar su resolución fue objeto de campañas de prensa y de la propia Corte provincial, según denunció la revista Rosario Express que dirige Eduardo van der Kooy.

En aquellas acciones judiciales Lagos fue representado por Ricardo Silberstein, decano de la Facultad de Derecho, contra quién lanzaron una feroz operación de prensa, atribuyéndole tráfico de influencias para acomodar a su hija. El diario La Capital publicó: “Denuncian al decano de Derecho por el tráfico de influencias. Estudiantes revelaron maniobras para favorecer a la hija de Silberstein. Detalles de un llamado de su esposa”. Por toda prueba dijeron haber recibido en forma anónima unos casetes con escuchas telefónicas, que en realidad eran intercepciones ilegales. Posteriormente una investigación realizada por la Universidad de Rosario dictaminó que no hubo irregularidades.

En octubre de 2000 pidieron la formación de un concurso de acreedores del diario La Capital. Unos meses después, su subsidiaria Séller SA corrió la misma suerte.

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A su vez, en marzo del 2001, la juez Alejandra Rodenas citó a prestar declaración indagatoria a Daniel Vila, a su hermano Alfredo Vila y a José Luis Manzano, porque en la controversia con Lagos, “a pesar de las denuncias penales, y ante la inminencia del fallo arbitral, comenzaron a transferir los paquetes accionarios de las empresas agrupadas por el holding La Capital Multimedios. Por un precio pagadero en publicidad se transfirieron las acciones del diario El Ciudadano y el control del periódico La Capital a una sociedad recién constituida con un capital de $ 12.000 llamada Business & Shares SA”. El titular de esta firma era Tomás Gluck, aquél que aparecía como prestamista usurario de Séller, subsidiaria de La Capital Multimedios.

El diario La Capital lo vendieron en 6,5 millones de pesos, cuando en el contrato suscripto con Lagos fue tasado en 32 millones de dólares. Pero, no obstante que la pericia contable dio por acreditados todos los delitos, extrañamente la juez Rodenas resolvió archivar la causa, luego de que el diario La Capital la emprendiera contra su hermano, objetando su desempeño al frente de un hospital público de Rosario.

En el reciente festejo de aniversario del diario UNO de Entre Ríos, Daniel Vila dio un discurso en el que cerró su alocución con una frase que dijo haber visto escrita en un carruaje que transporta turistas en Mendoza: “No envidies mi progreso, admira mi esfuerzo”.

En abril del 2005 cerraron la revista Poder & Sociedad que le habían comprado a Carlos Avila.

A fines del 2005, América TV levantó el programa TVR porque habían invitado a Mario Pontaquarto, el arrepentido del caso de las coimas en el Senado. La productora de dicho programa se retiró del canal llevándose su programación al Canal 13.

Alejandra Rodenas
Alejandra Rodenas

José Luis Manzano y Miguel Angel Toma, ex diputado nacional y ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), son muy amigos. Patricia Gloria Azura, secretaria de Manzano en la Cámara de Diputados de la Nación y esposa de Toma, actúa como testaferro en varias de las sociedades de Manzano Ver informe.
Toma es titular de la empresa AMLC SA, cuyo objeto es: “Consultoría en prevención del lavado de dinero, de la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas”.

En esta firma, Toma es socio de su hijo Federico y del abogado Lisandro Ezequiel Nóbile, a la vez socio y hombre clave en las operaciones de Vila-Manzano en compañías como Recoil y Cía. SRL, América TV, Integra Investment y Sodem SA.

Patricia Gloria Azura y José Luis Manzano
Patricia Gloria Azura y José Luis Manzano

Toma, Vila y Manzano comparten además los vínculos con Carlos Forlano, director de la financiera Prever Cred., que se presentó con fraguados créditos por u$s 500.000 al concurso de Grupo H, editora de la revista Poder & Sociedad de Vila-Manzano.

Otro punto de unión entre ellos es la fundación CIEE, donde el ex jefe de la SIDE puso al frente del área de Inteligencia a Gerardo Strada Sáenz, quien a su vez es consejero académico de la Fundación La Capital, creada en el seno del diario rosarino homónimo, del grupo Vila-Manzano.

Miguel Angel Toma
Miguel Angel Toma

Luego de un escandaloso proceso de privatización que terminó cuando la empresa filipina ICTSI abandonó la Terminal Puerto de Rosario, el ex gobernador Carlos Reuteman – que gozaba de amplio apoyo de los medios del grupo Vila-Manzano – en una licitación hecha a su medida, que tuvo un sólo oferente, adjudicó el negocio de la concesión por treinta años a un conjunto de empresas españolas (Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services), asociadas al dúo Vila-Manzano, quienes participaron a través de una sociedad uruguaya llamada Losster Company, y con SGA, una empresa de Orlando Vignatti, socio de Vila-Manzano en el Multimedios La Capital.

El periódico Diari De Tarragona, denunció que las empresas españolas fueron estafadas en abril del 2005, al celebrarse una anómala asamblea de accionistas, en la que aprobaron un aumento de capital que los dejó en minoría, pese a tener el 51% de las acciones.

Según el diario español los representantes de las firmas españolas no pudieron acceder a la asamblea porque les fue impedido el paso y debieron conformarse con levantar un acta notarial de la negativa. Con ese fraudulento aumento de capital las empresas españolas pasaron de tener el 51% a detentar el 40% de las acciones, o sea lo suficiente para perder el manejo de la sociedad

Mientras Vila-Manzano controlan un negocio estratégico, las empresas catalanas – que dicen haber sufrido también escuchas ilegales – presentaron cuatro denuncias en los juzgados de Rosario, aunque sin muchas esperanzas en vista de la notoria influencia de los demandados sobre la justicia de Rosario.

Al poco tiempo de lanzar su diario UNO en Mendoza, en competencia con el centenario diario Los Andes, publicaron una tapa que decía “Los Andes, así no”, dando cuenta de que habían sido víctimas de un espionaje empresario. Ahí se afirmaba que la secretaria de Daniel Vila se comunicó con Alejandra Monteagudo, la mujer que había servido de contacto inicial, y le comunicó que finalmente había encontrado la información sobre un convenio de subsidio del gobierno a diario UNO.

Al día siguiente, el diario UNO continuó con el su relato de la historia bajo el título: “Los Andes ensaya el soborno”. A continuación, dijeron de Alejandra Monteagudo: “Trabajó en Diario Uno de donde fue despedida, luego trabajó en la concesionaria Primo Meschini. Ayer fue despedida. Vive en una casa alquilada al Dr. Tomás Azpilcueta y, presuntamente, tiene como garante de ese contrato a Schiappa de Acevedo, hijo”. Azpilcueta era el abogado de Sigifredo Alonso, titular del Canal 9 de Mendoza, como se verá mas adelante y Shiappa de Acevedo, era hijo de uno de los principales accionistas del diario Los Andes.

Publicaciones similares hicieron en la revista Primera Fila, bajo el título “Los Andesgate” y en programas de radio Nihuil y de Supercanal.

A continuación Alejandra Monteagudo les hizo juicio, que ganó en primera y segunda instancia, hasta que el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Expediente Nº 79.441), que se expidió condenando a Vila y a sus medios a indemnizarla y dictaminando que las grabaciones telefónicas, que habían sido maliciosamente editadas, no fueron autorizadas por ningún juez como ellos difundieron, sino que, por el contrario, “fueron ilegales”, cometiendo “un acto civilmente antijurídico y culpable, violatorio del derecho la intimidad y al honor”.

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La familia Vila tenía puesta la mira en el Canal 9 de Mendoza, que siempre ambicionaron poseer, pero la mayoría de sus titulares no querían vender. Fue entonces que delinearon una estrategia para apoderarse del mismo. Para ello, compraron una pequeña parte de las acciones que estaban en manos de la familia Alvarez Herrero.

A partir de ese momento, con el asesoramiento de Nicolás Becerra, fluyeron varias denuncias penales contra los directivos del canal por administración fraudulenta y lograron que todas esas denuncias quedaran radicadas ante el Juez Orlando Juan Vargas, quién no vaciló en producir un aberrante auto de procesamiento y detención, realizada en presencia de las cámaras de Supercanal, fallo que después fue declarado nulo por la Cámara del Crimen.

 Momento de la detención de Sigifredo Alonso, filmada por las cámaras de Supercanal

Momento de la detención de Sigifredo Alonso,
filmada por las cámaras de Supercanal

En las referidas denuncias penales Becerra también actuó como testigo, brindando falso testimonio.

El objetivo era desplazar al directorio del canal, porque la ley de radiodifusión establecía que no podían ser directivos de los medios aquellos quienes tengan procesos penales. El juez Vargas era amigo íntimo del abogado Roberto Uliarte, en esa época empleado de la familia Vila.

Dada la relación de Daniel Vila con José Luis Manzano, en ese entonces ministro del Interior de Carlos Menem, obtuvieron una intervención judicial al canal 9 y digitaron al interventor, que nombró a Uliarte su asesor. Dicho interventor después fue procesado y removido de sus funciones por sus desmanejos.

Tiempo después y a pedido de Daniel Vila, el gobernador Rodolfo Gabrielli promovió la designación de Roberto Uliarte como camarista del crimen y ahora es uno de los jueces adictos que maneja el grupo Vila-Manzano.

Uliarte fue vicepresidente de Nihuil SA y vicepresidente de la Fundación Cristo de los Cerros, de la familia Vila. Fue despedido del Banco Mendoza por robar información para que la radio Nihuil hiciera campañas de prensa contra los directivos de la entidad financiera y de esa forma facilitar que el grupo Vila pudiera negociar en mejor condición su deuda con el banco.

En 1996 se privatizaron los bancos mendocinos. Raúl Moneta y sus socios mendocinos agrupados en “Magna Inversora” habían perdido en la licitación, fue entonces que patearon el tablero y presentaron un insólito recurso de amparo que le llevaron al Juez Orlando Juan Vargas Ver Jury.

Dicho juez le fue arrimado a Moneta por Daniel Vila y Nicolás Becerra, quienes antes lo habían utilizado en el intento de apoderarse del Canal 9 de Mendoza, como se ha visto precedentemente. El recurso de amparo fue firmado por Roberto Dromi y Alberto Vila (abogados de Vila-Manzano).

Como era de esperarse el “elegido” juez Vargas hizo lugar a una medida de no innovar y ordenó la suspensión de la licitación, con lo cuál lograron trabar la privatización de los bancos y que le fueran adjudicados en forma directa a Moneta.

El fallo fue apelado por los otros oferentes y la Suprema Corte de Mendoza consideró que Moneta “no tenía derecho ni garantía constitucional afectada para presentar un recurso de amparo, ni tenía ninguna seguridad jurídica afectada”, agregando que “el juez correccional abrió un amparo que no correspondía e ignoró la igualdad de condiciones con los otros oferentes en el proceso licitatorio. Ignoró la posibilidad de protección de otros derechos constitucionales de igual rango, en los demás oferentes, y cayó en el vicio de la arbitrariedad, que acarrea nulidad y de la inconstitucionalidad”. Tardío fallo con el cual no se pudo revertir la situación, porque Moneta ya había tomado posesión de ambos bancos, dado que el gobernador Lafalla y el Fiscal de Estado, Aldo Giordano, siempre funcional del grupo Vila, no apelaron su sentencia.

Después de emitir su tendencioso fallo favorable a Moneta y sus socios de Magna Inversora, al juez Vargas le cambió abruptamente la vida, reemplazó su antiguo automóvil por una camioneta 4×4 y en menos de un año realizó dos viajes a Europa.

En vista de eso promoví el enjuiciamiento del juez Vargas, en un proceso en el cuál el Jury abrió la instancia de destitución y lo suspendió de sus funciones. En dicho Jury, el Procurador de la Corte demostró que hasta le habían redactado el fallo.

Pero al momento de la votación final hubo cuatro miembros de la Corte (Aída Kemelmajer, Carlos Moyano, Fernando Romano y Carlos Bohm) que se dieron vuelta y no asistieron, al igual que una diputada de la UCR (Ana María Zicato, que le respondía a Vìctor Fayad), de manera que si bien hubo mayoría para la destitución, los votos no alcanzaron para reunir la mayoría absoluta sobre el total de los miembros que exigía la ley, y Vargas terminó siendo repuesto en su cargo.

A cambio de sus servicios, el grupo Vila-Manzano obtuvo créditos a destajo del Banco Mendoza, sin garantías y sin siquiera presentar balances. Al momento de la caída de ese banco Grupo Uno SA y Mendoza 21 SA eran los dos principales deudores por $ 13 millones, una cifra superior al 20% del patrimonio neto del banco.

Con los fondos aportados por el Banco Mendoza de Moneta, en el año 1998 le compraron al grupo Stornell el Canal 7 de Mendoza, el Canal 8 de San Juan, la radio Calingasta de San Juan, la radio FM Nuestra de San Juan, y el Canal 6 de San Rafael) por un monto de 92 millones. La operación también incluyó a Los Algarrobos, un establecimiento vitivinícola con diferimiento impositivo.

Algunos de esos créditos, concedidos por el Banco Mendoza a las empresas del grupo Vila-Manzano (Mendoza 21 SA, Grupo Uno SA y Jorge Estornell SA), que no habían presentado estados contables, no tenían carpeta de crédito, sin informes y sin garantías fueron los siguientes:
– El 28/7/98 le otorgaron tres operaciones, por un total de $ 12.360.000, una cifra que superaba holgadamente el límite de $ 2.125.000 de ese momento del banco, fijado por su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) establecida por las normas técnicas del BCRA.
– El 27/11/98 le otorgaron tres operaciones especiales por un total de $ 11.960.000, que superaban largamente los $ 1.859.000 del límite en función de la RPC del banco en ese momento.
– El 22/12/98 le otorgaron dos operaciones especiales por un total de $ 12.710.000, que superaban largamente los $ 1.828.000 del límite en función de la RPC del banco en ese momento.
Los inspectores del Banco Central habían observado los créditos otorgados al grupo Vila-Manzano porque “tenían la información incompleta y con graves deficiencias”, en estos términos:
– Mendoza 21 SA: “La deuda declarada en el sistema financiero al 30.11.98 era superior en un 44% a la informada en el balance al 31.3.98, el cash flow (flujo de caja) no contemplaba egresos financieros significativos por pago de capital, en tanto que los calculados por el servicio de intereses mensuales son exiguos frente al total de la deuda informada, el flujo de caja mensual era negativo durante casi la totalidad del período expuesto (11/98-10/99), debiendo recurrir a una nueva financiación para cubrir dicho desfasaje. Cabe destacar que el flujo de fondos aportado no explica las premisas utilizadas para su elaboración”
– Grupo Uno SA: “La entidad aporta estados contables del ejercicio económico N° 2 entre el 1.1.97 y el 31.12.97. El auditor emite opinión con la salvedad que no contó con los estados contables de una subsidiaria. El valor de esa inversión equivale al 51% del Patrimonio Neto del Grupo Uno SA. El estado de resultados no muestra ingresos operativos y arroja una pérdida final de $ 185.000. El flujo de fondos no explica las premisas. Los ingresos provenientes de las compañías controladas son inferiores a las inversiones a realizar. El desfase se cubre con financiamiento de terceros y aportes futuros de capital. Cabe acotar que no se pueden validar los datos consignados como ‘fondos provenientes de compañías controladas’ debido a que se carece de información sobre las empresas controladas por el grupo”.
Sobre estos préstamos al grupo Vila-Manzano, los Inspectores del BCRA dictaminaron como Conclusión:
“La información de los legajos de Mendoza 21 (deudor N° 1) y Grupo Uno S.A. (deudor N° 2 y sociedad holding) era deficiente e incompleta para un adecuado análisis de los riesgos involucrados. Mendoza 21 SA. deriva los fondos que obtiene del sistema financiero a su controlante: Grupo Uno SA. Esta última es una sociedad inversora y ambas fueron avaladas por una tercera empresa controlada: Supercanal SA. Sin embargo, no presentaban información económica consolidada. El estado de situación consolidado de Grupo Uno SA al 30.6.97 no tenía estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto ni cuadros anexos. Carecía de la firma de directores y síndicos. Solo estaba firmado por un contador que no emitió opinión y cuya firma no aparecía certificada por un consejo profesional. Lo expuesto adquiere relevancia, debido a que el grupo poseía una asistencia de $ 13.770.000 y representaba el 11,08% de la cartera comercial a la fecha de estudio”.

Los medios del grupo Vila-Manzano eran fervientes difusores de las actividades demagógicas de Moneta, entre otras de sus espectáculos llamados “Argentina en Mendoza” que los gobiernos de Gabrielli y de Lafalla habían introducido formando parte del calendario de la tradicional fiesta de La Vendimia.

Desde el año 1993, dichos eventos se realizaban en el estadio mundialista “Malvinas Argentinas”, adonde Moneta traía su escuadra de caballos “Arte Ecuestre Argentino”, que solían abrir y cerrar la tradicional feria anual de La Rural en Buenos Aires.

Moneta también presentaba espectáculos de folklore, trayendo a los mejores artistas (Los Chalchaleros, Soledad, Los Nocheros, Horacio Guaraní, Los Tucu-Tucu, Horacio Palavecino, etc.), que se ofrecían gratuitamente en la explanada de la casa de gobierno. Aunque en realidad no eran tan gratuitos, porque para su realización los gobiernos de Gabrielli y de Lafalla le entregaron subsidios a la “Fundación Banco República” de Moneta.

Al día siguiente de uno de esos eventos, el diario UNO escribió bajo su foto “El hombre del momento”. Señalando que “Raúl Moneta con el grupo del Banco República trajo seriedad y prestigio bancario a las privatizaciones, arrastrando consigo a otros oferentes también prestigiosos. Con el arte ecuestre ha vitalizado en Mendoza el gusto por las cosas argentinas, con calidad y diversidad en la oferta del espectáculo y lo que lo rodea”. Pan y circo, mientras juntos vaciaban al Banco Mendoza.

Después de la caída del Banco Mendoza de Moneta, por decisión del BCRA, las deudas del grupo Vila-Manzano pasaron al Fideicomiso Mendoza, administrado por el Banco Regional de Cuyo, que no hizo nada al respecto ni tampoco hicieron nada para cobrar las deudas de las empresas de Moneta que habían sido traspasadas al referido fideicomiso. Es que el abogado del banco encargado de dichas gestiones era José María Sayavedra, cuñado de Moneta.

Frank Holder
El presidente del Banco Regional de Cuyo, José Federico López, fue visitado por Daniel Vila, que le propuso cancelar la deuda con sobrevaluados terrenos del barrio Dalvian. Su propuesta fue rechazada. En ese momento lo amenazó con publicar un informe de Frank Holder, un ex agente de la CIA que comanda una agencia de investigaciones privadas y que fue contratado varias veces por Moneta para sus operaciones sucias. El informe de Holder revelaría una grave situación financiera del Banco Regional de Cuyo, según publicó en su momento el diario El Sol.

Posteriormente Vila-Manzano ofrecieron pagar con inmuebles sobrevaluados de Moneta, de su firma Corporación Los Andes, según publicó el matutino El Sol.

En esos días Daniel Vila había prestado su falso testimonio en los procesos fabricados por Raúl Moneta contra el Juez Luis Leiva, acusándolo de haber pedido una coima por su intermedio.

Frank Holder
El presidente del Banco Regional de Cuyo, José Federico López, fue visitado por Daniel Vila, que le propuso cancelar la deuda con sobrevaluados terrenos del barrio Dalvian. Su propuesta fue rechazada. En ese momento lo amenazó con publicar un informe de Frank Holder, un ex agente de la CIA que comanda una agencia de investigaciones privadas y que fue contratado varias veces por Moneta para sus operaciones sucias. El informe de Holder revelaría una grave situación financiera del Banco Regional de Cuyo, según publicó en su momento el diario El Sol.

Posteriormente Vila-Manzano ofrecieron pagar con inmuebles sobrevaluados de Moneta, de su firma Corporación Los Andes, según publicó el matutino El Sol.

En esos días Daniel Vila había prestado su falso testimonio en los procesos fabricados por Raúl Moneta contra el Juez Luis Leiva, acusándolo de haber pedido una coima por su intermedio.

En junio del 2010 pusieron en funcionamiento un portal de internet en la provincia de San Juan, llamado “sanjuan8.com”, a cuya inauguración asistió el gobernador José Luis Gioja.

Gioja es un viejo amigo de Manzano, de cuando militaban en Guardia de Hierro, aquella agrupación del peronismo que apoyó a Isabel y López Rega, y que después sirvió de soporte para la agrupación política “Partido para la Democracia Social” que impulsaba la candidatura presidencial del ex Almirante Emilio Eduardo Massera.

 Luis Manzano, José Luis Gioja y Daniel Vila
Luis Manzano, José Luis Gioja y Daniel Vila

Luego de producida la caída del Banco Mendoza y de que el Juez Luis Leiva dictara el pedido de captura de Raúl Moneta, éste puso en funcionamiento una furiosa campaña de prensa a través de un sitio web llamado “Mendoza Denuncia”, desde donde difamaba a Leiva y a los demás integrantes de los Juzgados Federales de Mendoza que fallaban en su contra.

Dicho sitio era publicitado profusamente a través de carteleria en las calles, que decía “Maldita Justicia Corrupta”. Pero al poco tiempo se descubrió que dicho sitio web era promocionado por Moneta, porque lo registró su abogado Carlos Fuego, a quién también utilizó en el “pseudo” juicio concursal del Banco Mendoza, dado que Fuego era cuñado del juez Guillermo Mosso.

Julio Chretien y Alfredo Vila (h)
Julio Chretien y Alfredo Vila (h)

La publicidad en la vía pública del sitio “Mendoza Denuncia” la hacía Julio Chretien, que poco después se asoció con UNO Medios de Vila-Manzano.

Para darle continuidad a su campaña de desprestigio, Moneta lanzó el periódico “El Guardián”, en cuya confección contaba con la colaboración del diario UNO, desde donde difamaba a todos sus enemigos.

Moneta siempre negó la paternidad de dicho periódico, sin embargo las escuchas telefónicas en una causa penal abierta por sus difamaciones lo desnudaron. Por otra parte investigando al editor que figuraba (Editorial Urgente SA) descubrí que la misma fue comprada por Río de la Plata Construcciones e Instalaciones, sociedad de Moneta que utilizó para el vaciamiento de Casa Marroquín Ver denuncia.

Uno de los abonados a las difamaciones de El Guardián era Sigifredo Alonso, titular del Canal 9 de Mendoza, al que le dedicaron 33 notas consecutivas acusándolo de todo. Alonso radicó una denuncia penal que recayó en el Juez Daniel Carniello, que ordenó la detención del periodista Cristian Jaime Pérez Barceló, corresponsal del semanario.

En las escuchas telefónicas que ordenó el juzgado surgieron los siguientes diálogos:
– Moneta: “Bueno y qué escuchás hablar con tus amigos”
– Pérez Barceló: “Con Andrés (Gabrielli) estuve charlando y él tiene entendido que lo que está sosteniendo al Cisne (Alonso) es Peterle, que es el encargado de determinar de la gobernación a quién le manda la publicidad y a quién no”
– Moneta: “Vamos a ponerlo a Peterle, cómo es Peterle, tenés una foto de él?”
– Pérez Barceló: “No, no aparece en fotos”

Andrés Gabrielli y Rodolfo Gabrielli
Andrés Gabrielli, informante de Moneta para El Guardián, en esa época era periodista del diario Los Andes.

Mas adelante en las escuchas, Carmen, secretaria de El Guardián, le indica a Pérez Barceló que pida fotos en el diario UNO del grupo Vila-Manzano.

El funcionario en cuestión era Augusto Peterle, Secretario de Medios de la gobernación, y la amenaza de Moneta no se hizo esperar, dado que “lo puso” a Peterle, quién a partir de ese momento comenzó a ser hostigado por El Guardián, que repetidas veces le publicó supuestos amoríos. El objetivo era que Peterle aumentara la pauta publicitaria oficial al grupo Vila-Manzano.

Raúl Moneta
Raúl Moneta

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En otra escucha Moneta le decía a Pérez Barceló sobre “un juicio de 150 palos” contra la provincia de Mendoza que debía pasar por la Corte, que: “si no sale como queremos la movida lo pasamos por El Guardián”. También había una conversación de Ignacio Fidanza, director de El Guardián, quién comentó que Claudia Farina, funcionaria de la oficina de Comunicaciones de la casa de gobierno, le reenviaba todos los mails de la gobernación a Pérez Barceló para que éste los revisara.

Pero además, en la causa estaban los testimonios de dos mujeres, Mónica Cristina Ruarte y María Eugenia Moreno, quienes declararon que Pérez Barceló intentó contratarlas para que lo llevaran a Alonso a un hotel adonde lo filmarían y grabarían en escenas sexuales. “El objetivo era convencernos para que engancháramos a Alonso y escracharlo con una filmación sexual. Pérez Barceló nos ofreció dos mil quinientos pesos, viajes a Buenos Aires, ropa, relojes y todo lo que hiciera falta para que hiciéramos la cita”, dijo una de ellas.

También habían llamadas a los teléfonos del grupo República, de Moneta, donde Pérez Barceló reclamaba que le depositen en su cuenta corriente. Con El Guardián eran distribuidas las láminas de la colección del pintor Florencio Molina Campos que eran de Moneta. En esta causa el abogado que defendió a Pérez Barceló fue Oscar Dimas Agüero, también abogado penalista de Moneta.

El apoyo logístico del grupo Vila-Manzano con El Guardián era mas que evidente. En la causa está el testimonio de Héctor Ariño, vicepresidente del Círculo de Periodistas de Mendoza, que explica la activa colaboración con el semanario de Jaime Correas, director periodístico del diario UNO.

Por otra parte el director de El Guardián, Ignacio Fidanza, provenía de las filas de la revista La Primera del grupo Vila-Manzano. Las fotografías de los que resultaban “escrachados” eran provistas por el diario UNO, que, con los demás medios del grupo (canales 7 y 6 de Mendoza, etc.), le hacían la publicidad al pasquín de Moneta. Fidanza también fue director de la revista El Federal de Raúl Moneta.

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Luego de producida la caída del Banco Mendoza, Magna Inversora, impulsada por sus accionistas Jacques Matas y Enrique Pescarmona, le iniciaron una acción judicial de responsabilidad a Moneta por las decisiones del directorio que perjudicaron al Banco Mendoza, particularmente por las operaciones de “call money” en favor del Banco República.

Fue entonces que El Guardián la emprendió contra Matas y su familia, adjudicándoles affaires amorosos a él y a su nuera. Por su parte el diario UNO lanzó una campaña de desprestigio contra Pescarmona, alarmando con que el dique Potrerillos, que él estaba construyendo, tenía defectos estructurales que producirían su quebrantamiento y el consecuente hundimiento de la ciudad de Mendoza.

Finalmente tuvieron que ceder, Matas y Pescarmona, al igual que los demás accionistas, le vendieron sus acciones a Moneta y éste lo designó a Daniel Vila como nuevo presidente de Magna Inversora, cuya primera decisión fue desistir el juicio iniciado contra Moneta.

De esa forma Moneta y Vila se quedaron con la mayoría de las acciones de Magna Inversora. En el 2207 esa firma entabló una demanda contra la provincia de Mendoza por $ 22,7 millones, reclamados por “la mala calificación de la cartera de créditos del Banco de Mendoza y del de Previsión Social, al momento de la privatización de las entidades”, no obstante que la provincia de Mendoza había saneado dichas entidades detrayendo los malos créditos que pasaron el Ente de Fondos Residuales (EFOR), quedando en cartera únicamente los préstamos que estaban calificados en situación 1 y 2, o sea los que no tenía mora. Dichos créditos fueron debidamente auditados por los compradores en las sesiones de “data room” previas a la presentación de las ofertas en las licitaciones de los bancos.

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Cuando se produjeron las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de las renuncias de varios de sus miembros (Julio Nazareno, Gustavo Bossert, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Cesar Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez) sonó insistentemente el nombre de la juez mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci para integrar la Corte.

Dicha juez había producido importantes fallos desfavorables a Vila-Manzano y a Moneta, como ser: en el reclamo de Guillermo Sánchez Cores por la venta de radio Nihuil, en la deuda de Dalvian con el Banco de Mendoza, en la privatización de los bancos oficiales de la provincia de Mendoza, etc. Fue entonces que montaron una campaña de prensa en su contra para desacreditarla.

Para eso utilizaron al periodista Jorge Lanata, quién desde el canal América, en su programa “Día D Clásico” del 13 de julio del 2003, bajo el título “Las chicas de la Corte” dijo una serie de falsedades sobre ella y su marido, Nedo Carlucci. Concretamente la acusó de tener causas abiertas por tráfico de influencias en perjuicio del bodeguero Mario César Centarti y un comportamiento irregular en la causa “Banco de Mendoza contra Hanon”, regulando honorarios millonarios a favor de su esposo. A la semana siguiente repitió las mismas acusaciones, pese a que la juez había desmentido sus dichos.

Porque el caso Centarti tenía sentencia judicial firme, dictada el 28 de julio del 2000 por la Cámara Penal de San Martín de Mendoza (Autos N° 11.929 caratulados “Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa c/ Mario César Centarti p/Injurias”), en la cual el denunciante fue condenado al máximo de la pena, de un año de prisión, prevista para ese delito en el Código Penal, y porque ella no tuvo ninguna intervención en el caso Hanon dado que se excusó.

Aída Kemelmajer de Carlucci
Aída Kemelmajer de Carlucci

Eso determinó que concretaran dos demandas contra el canal, la productora y Lanata. Una querella criminal (Autos N° 17.102 “Lanata, Jorge s/calumnias e injurias”), iniciada por Nedo Carlucci, que se instruyó en el 13º Juzgado Nacional Correccional y una demanda civil (Autos N° 31.819 “Kemelmajer de Carlucci, Aída c/Lanata, Jorge y otros s/daños y perjuicios”), en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 91 de Capital Federal que tuvo sentencia en primera instancia a favor de la magistrada, y que fue confirmada por la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, condenando a Lanata, a la productora Flipper SA y a América TV por violación de su honor a indemnizarla en $ 100.000, dado que “todas las manifestaciones vertidas por el Sr. Lanata en su programa no fueron veraces ya que se basaron sobre hechos inexactos y fueron realizadas con real malicia actuado de mala fe y con mal intención manifiesta”.

Jorge Lanata
Jorge Lanata

querella criminal tuvo un trámite más complicado porque no podían notificar a Lanata ni a su productora Flipper, que ocultaba por todos los medios su domicilio en el palacio Strugamou, en Recoleta, donde su esposa Sarah Stewart Brown negaba que residiera. Dicho inconveniente pudo superarlo esperándolo a que saliera de dicho domicilio y estando Carlucci apostado para interceptarlo con el oficial de justicia que finalmente pudo hacer la notificación.

En la campaña en contra de la juez Kemelmajer también ayudó El Guardián, que empapeló la ciudad de Mendoza con afiches titulados: “La jueza cuestionada. Los detalles secretos de por qué Kirchner la bajó de candidata a la Corte Suprema de la Nación”.

En el año 2009, por causas que no están claras, se rompió el idilio entre Vila-Manzano y la familia Terranova. El diario UNO publicó insistentemente notas sobre una causa penal abierta por la adjudicación del gobierno de Mauricio Macri a Publicidad Sarmiento de la cartelería pública en la ciudad de Buenos Aires. Los hermanos Orlando y Eduardo Terranova habían sido procesados, luego de dos sobreseimientos que fueron revocados, por irregularidades en la licitación de la referida cartelería.

En dicha licitación Publicidad Sarmiento fue calificada en primer lugar y dos de los oferentes, uno de ellos Spinazzola SA y el otro una UTE (Unión Transitoria de Empresas) de la que participa el Grupo Al Sur, de José “Pepe” Albistur, Secretario de Medios de la Nación, iniciaron una causa penal denunciando que Publicidad Sarmiento había presentado certificaciones “ideológicamente falsas” de las ciudades de Mendoza y San Miguel de Tucumán, para mostrar una mejor posición en la licitación, y se constituyeron en querellantes.

Otra de las empresas participantes, Vía Cart, vinculada con Hadad, impugnó la licitación y obtuvo una medida cautelar de suspender la adjudicación de la cartelería a Publicidad Sarmiento.

Todo se inició con una nota del diario UNO, repercutida por América TV, informando falsamente que Moneta estaba vinculado con el portal MDZ On Line de los Terranova.

Siguió con otras publicaciones que daban cuenta que los hermanos Terranova habían concurrido disfrazados a declarar en sus respectivas indagatorias para eludir las fotografías de los periodistas.

A partir de entonces el diario UNO le dedicó treinta y tres notas para cubrir la causa penal abierta en Buenos Aires contra los hermanos Terranova, ex socios de la familia Vila en la creación de Supercanal.

En junio de 1998, el gobernador Lafalla también privatizó Energía Mendoza SE (EMSE), pese a que, al igual que con Obras Sanitarias Mendoza (OSM), había asegurado en su campaña electoral que no lo haría. EMSE prestaba el servicio eléctrico a 312 mil usuarios (71% del total provincial) y facturaba $ 240 millones anuales.

En la privatización la empresa de energía cambió de nombre por Empresa de Electricidad de Mendoza SA (EDEMSA) y los adjudicatarios fueron: la provincia de Mendoza (39%), el personal (10%) y Sodemsa con el 51% restante. A su vez Sodemsa estaba formada por: Electricité de France (45%), Saur Internacional (15%) y Medinvert (40%).

Por su parte, Medinvert estaba integrada por Jacques Matas, otros empresarios y Omar Alvarez, que en la ocasión actuó como testaferro del grupo Vila-Manzano, quienes no podían aparecer por su desprestigio y porque aún estaba fresca en la memoria de los mendocinos la caída del Banco Mendoza, ocurrida pocos meses antes, que los tuvo como protagonistas.

Omar Alvarez era socio minoritario de Vila-Manzano en el Canal 6 de San Rafael y estuvo en el directorio de Supercanal. Después, también actuando como representante de Vila-Manzano, fue director del Banco Mendoza presidido por Raúl Moneta.

A Lafalla poco le importó que Alvarez quedara como socio del Estado provincial, siendo que había estafado a la provincia cuando estuvo al frente de La Colina, en las recordadas ventas sub facturadas de la producción de esa empresa a Precursor, una firma de los familiares de su esposa, Graciela Gattas, razón por la cual tuvo que renunciar al directorio de Giol. Después de todo Omar Alvarez era el referente en General Alvear de la agrupación Naranja que supo compartir con Bordón y con Gabrielli.

Graciela Gattás de Alvarez y Omar Alvarez, se enriquecieron en Giol estafando a La Colina
Graciela Gattás de Alvarez y Omar Alvarez, se enriquecieron en Giol estafando a La Colina

Tampoco le interesó a Lafalla que otro de los socios fuera Jacques Matas, quién formó parte del directorio del Banco Mendoza presidido por Moneta, y que por su participación en el vaciamiento del banco también se profugó. Ni que Matas fuera acusado por la Aduana de contrabando de insumos, ni que fuera procesado por su participación en el vaciamiento del Banco Feigin y que fuera condenado a pagar más de $ 1.600.000 al ex Banco Multicrédito por el “daño causado” por la compra de acciones de la desaparecida Fecunda AFJP.

Jacques Matas
Jacques Matas

Electricité de France (EdF), concesionario de EDEMSA, bregó infructuosamente por obtener del gobierno reajustes tarifarios que compensaran la devaluación. Además el Estado mendocino impugnó la veracidad de sus estados contables en la justicia.

Esos fueron los principales motivos que indujeron a EdF a vender su tenencia en 50 millones de dólares a Jacques Matas, Omar Alvarez y los otros empresarios que formaban parte de Medinvert, quienes en su momento anunciaron tener un socio estratégico extranjero con antecedentes en la actividad, pero este nunca apareció.

La compra de las acciones de Electricité de France fue concretada por Inversora Andina de Electricidad SA (IADESA), una sociedad integrada por los mismos socios de Medinvert.

Con ello, la composición accionaria de EDEMSA quedó compuesta de la siguiente forma: Estado Provincial (30%), empleados (10%), otros empresarios (50%), Jacques Matas (20%) y Omar Alvarez (20%).

En un principio IADESA iba a pagar U$S 50 millones por las acciones de EdF en EDEMSA. Pero además se harían cargo de los U$S 105 millones de deuda de la compañía con acreedores internacionales. Entre ellos, el fondo buitre inglés Ashmore Investment, que era uno de los más duros, ya que habían comprado más del 40% de esos pasivos (en alrededor del 30% de su valor nominal) y mediante maniobras extorsivas pretendían quedarse con el control de la compañía. El representante de Ashmore es José Luis Manzano, quién también los llevó a comprar la casi totalidad de la deuda de Edeersa (Empresa de Energía de Entre Ríos).

Inmediatamente después de concretada aquella compra, los adquirentes le solicitaron al gobierno un sustancial incremento en las tarifas del 100%, que después redujeron al 23%, que el gobernador Julio Cobos inicialmente rechazó, pero finalmente tuvieron más suerte que los galos y consiguieron un aumento del 12,92%, con el cual los compradores no tuvieron que hacer inversiones sino que las mismas salieron del bolsillo de los usuarios.

En diciembre del 2005, asediado por las deudas, Jacques Matas presentó a su empresa (Industrias J. Matas) en concurso preventivo. Entre los acreedores que denunció hubo un crédito privilegiado de Dowson Intertrade Corp., una empresa panameña, por $ 29.500.000 que era falso. Este acreedor especial y por lo tanto privilegiado con algunas ventajas según la ley, renunciando a su privilegio dio su conformidad junto votando con los restantes acreedores comunes (quirografarios), aceptando la propuesta de acuerdo resolutorio. Con el voto de ese falso crédito (equivalente al 64% del pasivo), Matas obtuvo la mayoría necesaria de votos de los quirografarios, dado que los especiales no votan, para aprobar una desventajosa propuesta de pago a los restantes acreedores, consistente en una quita del 70% de la deuda verificada, con 5 años de espera para comenzar los pagos y, tras eso, 10 pagos anuales empezando por el 5%. Todo en pesos y sin intereses, o sea, no cobrar casi nada.

En Octubre del 2006 se anunció que los otros empresarios le vendieron a Omar Alvarez su parte en IADESA, que tenía el 51% de EDEMSA. Pero al hacerse el traspaso de las acciones resultó que el verdadero comprador era Ketsal, una firma perteneciente a Daniel Vila, Alfredo Vila (h) y José Luis Manzano.

De manera que la composición accionaria de EDEMSA quedó definida de la siguiente forma: Omar Alvarez (40%), Ketsal de Vila-Manzano (40%) y Jacques Matas (20%). El directorio quedó conformado por Omar Alvarez, Horacio Marchessi, Patricia Martínez (en representación del Estado, quién antes integró el estudio Dromi, abogado de Vila-Manzano), Neil Bleasdale (funcionario del grupo Vila-Manzano) y José Luis López (también empleado de Vila-Manzano). Nicolás Becerra quedó a cargo del área jurídica y su hijo ingresó como director suplente. Como se ve, había una amplia supremacía de los representantes de Vila-Manzano en el manejo de la empresa.

Cuando adquirieron las acciones de Electricité de France, los compradores nucleados en Medinvert suscribieron un acuerdo con gobierno de la Provincia para “colaborar para dejar sin efecto la demanda internacional ante el Ciadi que habían presentado los franceses contra la provincia reclamando más de 250 millones de dólares”, pero después del ingreso de Vila-Manzano, estos se dieron vuelta apoyando el reclamo de la empresa gala.

Posteriormente, en febrero de 2007, Matas también transfirió su parte y la nueva composición accionaria de EDEMSA quedó conformada por Omar Alvarez y Ketsal (Vila-Manzano). Pero a los pocos días se anunció que Ketsal le “compraba” su parte a Omar Alvarez y de esta forma Vila-Manzano quedaron como únicos accionistas, junto a un supuesto inversor británico (Ragusa Capitals), utilizado de “fronting” para lavar el dinero de la adquisición de Vila-Manzano que de ningún modo podían justificarla. La asociación Ketsal con Ragusa Capitals la presentaron bajo el paraguas de una sociedad llamada Andes Energía PLC en donde aparecen con la siguiente composición: Ketsal (60,05%) y Ragusa Capital PLC (39,05%).

Con respecto a la supuesta participación de Ragusa Capital, la pregunta es muy simple: ¿qué inversor extranjero se asociaría con un grupo empresario argentino, como Vila-Manzano, que tienen todas sus empresas concursadas?

Como se ha visto, en un complejo proceso escalonado y en etapas, utilizando como testaferro de todas las operaciones a Omar Alvarez y eludiendo dar explicaciones en las causas abiertas por lavado de dinero, en su participación en el vaciamiento del Banco Mendoza, etc., el dúo Vila-Manzano se apoderó de EDEMSA, la empresa distribuidora de la energía eléctrica a la provincia de Mendoza.

Esto lo consiguieron con la complicidad de los sucesivos gobiernos de Arturo Lafalla, de Roberto Iglesias, de Julio Cobos y de Celso Jaque, como también con la anuencia de los inexistentes partidos políticos mendocinos.

La Provincia adjudicó 11 de las 12 áreas petroleras que licitó en julio de 2007
La ley de hidrocarburos sancionada por el gobierno de Carlos Menem estableció la devolución a las provincias de las áreas petroleras concesionadas por el Estado Nacional una vez que finalizaran las referidas concesiones. De esta manera las provincias recuperaron la potestad sobre el uso del subsuelo y otorgaban nuevas concesiones sobre las áreas recuperadas.

Para participar de ellas, el grupo Vila-Manzano creó una empresa (Ketsal SA) que gracias a sus relaciones políticas de looby les fueron adjudicando distintas áreas petroleras en las provincias de: Neuquén, Río Negro, Salta, La Pampa, Chubut (tres áreas) y Córdoba (dos áreas).

A su otra empresa, Andes Energía, propietaria de EDEMSA, el gobernador de Chubut (Mario Das Neves) le adjudicó la concesión de la central hidroeléctrica Ameghino,

En esos días Manzano trajo al país a Saif Al Islam Khadafi, hijo del líder libio Muammar Khadafi, a quién lo llevó a la Rosada a entrevistarse con Néstor Kirchner y luego visitó Mendoza, donde acompañado por Omar Alverez, lo agasajaron en su bodega Altus de Tupungato.

Por otra parte, siguiendo los pasos de Moneta, Ketsal inició el desarrollo de una planta de biodiesel en la provincia de Entre Ríos. Durante el gobierno de Kirchner, Moneta desarrolló varias plantas de biodiesel asociado con la Empresa Nacional de Energía (ENARSA).

En julio del 2007 Ketsal le compró a la empresa uruguaya Ancsol el 74,26% que tenía en la química argentina Carboclor, una empresa dedicada a la producción de solventes.

El gobierno de Julio Cobos llamó a licitación cuatro áreas petroleras, a las que se presentó Ketsal, pero ante las insuficiencias de las propuestas declaró desiertas las licitaciones. En julio del 2007 Cobos llamó nuevamente a licitación, pero terminó su mandato y no alcanzó adjudicar.

Finalmente, en mayo del 2008, el gobernador de Celso Jaque, sobre un total de 12 áreas petroleras ofrecidas en concesión adjudicó 11, de las cuales 7 fueron a Ketsal asociada con Kilwer, que se quedaron con las áreas: Chachahuen, Coiron I y II, Ñacuñan, Zampal Norte, Malargüe y Pampa del Sebo.

Ketsal-Kiwer se comprometieron invertir 200 millones de dólares en la explotación de esas áreas. Algo difícil de creer teniendo en cuenta la grave situación financiera de las empresas de Vila-Manzano, la mayoría en concurso de acreedores, y consecuentemente las dificultades para acceder al crédito.

Al acto licitatorio se habían presentado 17 empresas, pero precalificaron solo a siete para competir. Inexplicablemente fueron rechazadas varias multinacionales reconocidas en el actividad como ser; las estadounidense Chevron e Interenergy, las canadienses Petroandina y Vintage Oil, la coreana Golden Oil y también Petrobras, que tenía 9.800 pozos activos en distintas partes del mundo.

Ketsal no había presentado el contrato de asociación que la unía con la desconocida Kilwer sin embargo ese importante requisito no fue objetado por el gobierno, que en esa época, recién habían asumido, tenían muy buenas relaciones con el grupo Vila-Manzano. El secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, fue abogado de Omar Alvarez (como hemos visto precedentemente testaferro del grupo) durante los años en los que el ex ministro de Seguridad de Arturo Lafalla estuvo fuera del Estado y viviendo en San Rafael.

Además el pliego de condiciones de la licitación prohibía que una empresa se quedara con más de 5 áreas para explorar, pero eso no fue obstáculo para que Jaque les adjudicara. En esos días trascendió un misterioso viaje a Buenos Aires que hicieron Alvarez y Jaque en un avión privado, conforme publicara MDZ Online.

Pampa del Sebo, una de las áreas adjudicadas a Ketsal, no podía licitarse porque aún estaba concesionada a Equitable Resources. Alejandro Rodríguez, el ex subsecretario de Hidrocarburos del gobernador Julio Cobos incluyó indebidamente esa área, porque “trucó” un requerimiento haciendo pasar a una resolución de la Dirección de Saneamiento Ambiental donde se felicitaba a unos agentes estatales, como si fuera una resolución ambiental de “abandono de pozo”, una condición que había puesto la Nación para que el área fuera revertida hacia la Provincia y de este modo pudiera ser licitada.

Rió Atuel, una de las áreas que se licitaron no fue adjudicada porque Ketsal-Kilver desistió luego de haber presentado la mejor oferta, razón por la cual el gobierno provincial les aplicó una multa de 800.000 dólares en concepto de garantía de la oferta, conforme disponía el pliego de la licitación.

Las empresas disponían de un plazo de 180 días desde la fecha de adjudicación (7 de mayo de 2008) para iniciar los trabajos, pero han pasado más de dos años y Ketsal no ha hecho nada, razón por la cual le caben sanciones: desde la aplicación de multas hasta la rescisión del contrato, pero el gobierno de Jaque no lo ha hecho. Por contrario, en agosto del 2009, firmaron un acuerdo con Ketsal prometiendo la ampliación del término de la concesión a cambio de que mantuvieran los puestos de trabajo.

En el resto del país, al igual que con las áreas adjudicadas en Mendoza, el consorcio Ketsal-Kilwer no pagó nada por las concesiones recibidas, ni tampoco hizo ninguna de las inversiones comprometidas en las áreas adjudicadas, simplemente se sentaron a esperar que aumentara el valor internacional del crudo y se revalorizaran sus concesiones.

Así fue en el caso de Neuquén, que en el año 2007, en los últimos días del gobierno de Jorge Sobisch les adjudicó dos áreas, con un compromiso de inversión de 6 millones de dólares que no realizaron. Tres años después, con el aumento del precio del crudo, cedieron dichas áreas a YPF. Otro tanto están negociando para las áreas mendocinas.

Por otra parte están los aumentos en la tarifas que le fue concediendo el gobierno de Jaque a EDEMSA. En el 2006 se les otorgó un incremento del 12,9%, en el 2008 hubo otro del 20% y en el 2009 fue del 27%, superior a la sugerida por el Ente Provincial de Energía (EPRE). O sea que la tarifa eléctrica aumentó un 47% en dos años, cuando la inflación según el INDEC fue del 7,2%, en el 2008 y del 8% en el 2009. En definitiva, el gobierno de Jaque le duplicó los ingresos a EDEMSA en menos de un año, no obstante que debían $ 18 millones al Fondo Compensador Eléctrico por el canon de la concesión y $ 21 millones en concepto de multas, lo cual produjo el desfinanciamiento del sistema eléctrico, porque que ahí salen los fondos para las cooperativas que administran el servicio en otras zonas, especialmente en las áreas rurales. Pero además le modificaron los cuadros tarifarios de manera ilegal y contraviniendo las condiciones de la licitación de manera tal que EDEMSA aumentará su ganancia en unos $ 100 por año durante los próximos 10 años.

Para regularizar sus deudas el directorio aprobó que EDEMSA tomara préstamos por u$s 80 millones solicitados a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Alejandro Cazabán en la Legislatura
Pero el idilio se rompió el 2 de diciembre de 2009, cuando Cazabán, secretario General de la Gobernación, tuvo que concurrir a la Legislatura a raíz de una interpelación por un decreto referido a las salas de juego de los hoteles, pedida por el diputado Ricardo Puga, siempre afin al grupo Vila-Manzano.

En esa ocasión Cazabán acusó a Vila-Manzano de extorsionar al gobierno diciendo: “Ellos tienen intereses no sólo en esta materia (el juego) sino también en los servicios públicos” y agregó que: “las amenazas surgieron el mismo día que los representantes del Estado en el directorio de EDEMSA se negaron a aprobar que la empresa tomara un empréstito por 60 millones de pesos”.

El diputado Puga, fue durante más de diez años el conductor del programa “Los Vecinos” en la radio Nihuil, y “según fuentes que trabajaban con él le cobraba a intendentes y funcionarios”, de acuerdo a lo informado por el diario Crónica.

Ricardo Puga y Roberto Picco, operadores de Vila-Manzano
Ricardo Puga y Roberto Picco, operadores de Vila-Manzano

Puga, que es titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, se hizo eco de una denuncia presentada por Roberto Picco, titular del Sindicato de Prensa, y lo citó a declarar a Sigifredo Alonso, dueño del Canal 9 de Mendoza. La denuncia decía que los empleados de la referida emisora no estaban cobrando en tiempo y forma sus haberes.

Pero resulta que dicha citación fue irregular porque no fue tratada en la Comisión y habría falsificado una citación.

Según el diario Crónica, Puga y Picco trabajan para el grupo Vila-Manzano. Refiere dicha publicación que “…permitieron empleados en negro durante 13 años en el diario “Uno”, vaciaron la obra social de los trabajadores de prensa e hicieron lobby en la Legislatura para defender al grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano …El nivel de vida de Picco no se condice con un sindicato que tiene menos de 150 afiliados… sus propiedades no están a su nombre, sino que en los papeles le corresponden a su mujer. Picco también se mueve con un Citroën C5 negro con vidrios polarizados que cuesta más de 150.000 pesos…”;

Continúa el informe del diario Crónica: “…El sindicato hizo la vista gorda durante 13 años porque los empleados del Grupo Vila-Manzano, que tienen radios, diarios y canales de TV provinciales, figuraban como trabajadores de la Cooperativa Servigraf. Estos trabajadores no tenían aguinaldo, vacaciones, licencia por paternidad ni asignaciones familiares …el diputado Puga asumió su banca en 2007 por el partido Proyecto Independiente Mendoza. Fue uno de los fundadores del Partido Intransigente (PI) en esa provincia y después se acercó al radicalismo …Puga aprovechó los medios del holding para organizar sus campañas y, como contrapartida, durante sus años como presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, no citó al grupo Vila-Manzano a pesar de recibir decenas de denuncias… Puga también participa de la Vendimia Solidaria que realizan Vila y Manzano para recaudar fondos”.

Al día siguiente de que los directores del Estado en EDEMSA se opusieran a una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por 15 millones de dólares, unos 60 millones de pesos, el diputado Puga radicó una denuncia penal por un decreto que autorizaba la ampliación del Casino Enjoy que funciona en el hotel Sheraton. Dicha denuncia tuvo amplia cobertura de los medios de Vila y Manzano. El pedido de endeudamiento de EDEMSA tenía como finalidad traspasar los fondos a Ketsal para hacer las inversiones comprometidas en las áreas petroleras mendocinas.

En aquella sesión legislativa Cazabán también dijo: “Nos dijeron que nos iban a hacer cinco denuncias. Ya hicieron dos. Que sigan viniendo”. Las denuncias judiciales a las que se refirió fueron realizadas en torno al decreto que regula las salas de juego. La primera fue por desobedecer una medida cautelar de la Justicia Federal y la segunda la habría concretado Puga en los tribunales provinciales por desconfiar de los intereses que originaron el decreto sobre las salas de juego.

A continuación Jaque dijo: “José Luis Manzano y Daniel Vila quisieron avanzar sobre los recursos públicos y sobre funciones propias del poder político, como el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia. Lo han venido haciendo sobradamente desde hace mucho tiempo y esto incluye a gestiones anteriores … lo ocurrido en la Legislatura no fue más que explicitar lo ya conocido por muchos mendocinos”.

Por su parte Cazabán señaló: “Han utilizado los medios que tienen para obtener beneficios económicos en otros negocios de los cuales Manzano y Vila son parte”, y ejemplificó con la tapa del diario UNO que presentó con título catástrofe: ‘Jaque tiene el 70% de imagen negativa’. “Esa tapa estuvo motivada en una comunicación a una persona importante del grupo (Uno) en la que (le confirmábamos que) no íbamos a acceder al aumento tarifario como ellos querían en EDEMSA, con retroactivo y actualización … Ellos querían quedarse con esos muchos millones de pesos. Querían ganar más millones y como no podían decirle a la sociedad esto, utilizaron la tapa del diario. Pero a pesar de ésta y otras tapas y de comentarios de radio todas las mañanas, no hubo ni retroactivo ni actualización”.

Daniel Vila contraatacó con una denuncia al gobierno por extorsión, señalando que: “… el propio Cazabán y el gobernador le pidieron que despidiera periodistas y que cambiara la línea editorial del diario”.

En aquel momento Daniel Vila dijo “no tenemos ningún interés en el juego”, para desligarse de la denuncia de Puga, sin embargo los propios organigramas de su grupo lo desmentían, como puede verse a continuación:

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Los primeros indicios claros de la participación del grupo Vila-Manzano en el negocio del juego aparecieron el año anterior, cuando la Justicia Federal intentó frenar la habilitación del casino del hotel Sheraton. En aquel momento, apelando a un sinfín de artilugios legales, empleados del casino estatal presentaron una denuncia a la jueza Olga Pura Arrabal por supuesta evasión impositiva. La intención era impedir que el casino Enjoy pudiese funcionar porque le restaría gente al casino estatal, y por lo tanto, sería una pérdida de ingresos para la firma que maneja los destinos de los tragamonedas en esa sala, con la cual el grupo Vila-Manzano está relacionada a través de la empresa Mendoza Central Entretenimientos, la principal operadora del juego de tragamonedas en el casino estatal,

Posteriormente el gobierno de Jaque emplazó a Ketsal a ponerse al día con las obligaciones asumidas en la licitación de las áreas petroleras, con la advertencia de que se revocaría la concesión si no cumplían con el pago de $ 11 millones del impuesto de Sellos.

En marzo del 2010 los representantes del Estado en EDEMSA se abstuvieron de votar favorablemente sus estados contables, argumentando que no tuvieron respuestas a sus pedidos de informes sobre: un fondo creado en la contabilidad denominado “Fideicomiso de seguro cambiario”, el pago de $ 40 millones mensuales de honorarios profesionales en tanto que los salarios del personal ascendían a $ 55 millones por mes, la calidad del servicio y el cumplimiento de las inversiones para garantizar la continuidad del suministro.

En la asamblea de accionistas el representante del gobierno condicionó la aprobación de los estados contables al cumplimiento de las siguientes premisas para el futuro:
1) Que no podrán efectuarse nuevos aportes de fondos al fideicomiso existente, ni se podrán crear nuevos fideicomisos
2) Que no se podrá incrementar la deuda financiera, excluidos los efectos que causen en la misma las diferencias de cambio y las valuaciones contables
3) Que los honorarios y servicios de terceros no podrán superar durante el año 2010 el 8% del valor de las ventas brutas del ejercicio
4) Que los gastos de publicidad y promoción no podrán superar durante el año 2010 el 1% de las ventas brutas del ejercicio
5) Que los gastos en capacitación y otros gastos en personal y el grupo familiar de los mismos deberán ser destinados exclusivamente al personal de la empresa
6) Que con el objetivo de disminuir las multas mejorando la calidad del servicio las inversiones no serán inferiores a las reconocidas en la tarifa vigente contenidas como “inversiones anuales por estrato de red”
La provincia de Córdoba le había adjudicado dos áreas a Ketsal-Kilwer, pero finalmente por sus incumplimientos, el 29 de marzo de 2010 el gobernador Juan Schiaretti declaró la caducidad de dichas concesiones.

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El 14 de noviembre de 2010, el diario UNO, en su sección de chismes y difamaciones llamada “Pocho y Peluca”, bajo el título “Basura mendocina y el tiburón blanco”, embistió contra Jaque y Cazabán en estos términos: ¿Sabés cómo lo han bautizado en el cuarto piso al enano Cazabán? Ras-Putín. Y parece que tanto él como el Celso son muy amigos del Gaby Canci, que los visita algunas veces en el cuarto piso. ¿Será para interesarlos en la organización de sus desfiles? Vaya a saber…”. Canci es un conocido homosexual del mundo artístico mendocino.

En esa misma nota se refirieron a Sigifredo Alonso, titular del Canal 9 de Mendoza, asignándole ser homosexual, en estos términos: “¡Qué quilombo que se ha armado con el Cisne Alonso! ¡Está como loco lo que le sacaron el liderazgo en la tele! Y, era lo único en lo que podía mostrar que era primero. Para colmo, dentro del canal lo conocen como “el tiburón blanco”. Vos dirás que es por las canas. ¡Ojo! Cuando te digo canas no te hablo de cuando fue preso por el choreo que le habían encontrado dentro del canal. ¿Te acordás? Lo sacaron esposado y estuvo en la calle Boulogne Sur Mer como un mes. Parece que no la pasó tan mal ahí, porque descubrió que había gente muy “afectuosa” que lo trataba con mucho “cariño” y lo “consolaba” todos los días. ¡Esto te lo digo de todo corazón! Según recuerdan en la penitenciaría o como le decían en nuestra época, la Casa de Piedra, el Cisne Alonso dejó su impronta allí. El día que se fue, varios convictos lloraban porque sabían que lo extrañarían. En la cárcel lo recuerdan como un tipo “cálido”, “abierto”, y no olvidan que fue allí en donde recibió una gran distinción en la práctica de artes marciales, el cinturón negro de karate. Fue en un acto en el patio de la penitenciaría. Antes de recibir el cinturón negro, tuvo que “entregar el marrón”. Para terminar con esta historia que me pone melancólico, ¿sabías que hay un escualo que habita en las profundidades de los océanos y en tanto en tanto se come un hombre? Tené cuidado este verano si vas a Viña. Es el tiburón blanco”.

Cazabán se quejó y reprochó la complicidad de los partidos políticos con el grupo Vila-Manzano: “Que la política “no se arrodille ante estos grupos económicos. Están usando sus medios de comunicación para desprestigiar a toda la dirigencia política y atemorizarla. Y si bien no tenemos temor ni miedos frente a este grupo económico, parece que sí hay políticos que tienen temor. Es muy importante saber: ¿qué piensa la Unión Cívica Radical de esto, y qué piensa el Partido Demócrata?”.

Al día siguiente el gobierno de Jaque emplazó a EDEMSA para ingresar multas y cargos por $ 66 millones, que adeudaban por incumplimientos de servicio y de obras comprometidas.

El grupo Vila-Manzano contraatacó con una solicitada de EDEMSA en la que hablaban de “multas arbitrarias” que “a pesar de no ser exigibles las mismas por estar recurridas” la empresa “ha comenzado a pagarlas y a devolverlas en las facturas de los usuarios”. Agregando que pagarán la diferencia de Valor Agregado reclamada por el gobierno “a pesar de existir un saldo a favor de EDEMSA de 70.000.000 de pesos”. También indicaban que EDEMSA ha invertido “más de 600.000.000 de pesos” y que “no ha incumplido su plan de obras”.

Cazabán respondió: “No es verdad que tengan 70 millones de pesos a favor. Pretenden cobrar una diferencia que no existe”.

Por su parte EDEMSA efectuó un pago parcial de $ 20 millones a cuenta de lo reclamado por el Estado provincial.

Un día después que el gobierno los emplazara a pagar, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) rebajó de $ 25 a $ 10 millones las multas que le aplicaron a EDEMSA meses atrás. Pero resulta que las multas las calcula la propia empresa y envía una declaración jurada al EPRE. Se justificó Héctor Laspada, gerente técnico del organismo de control, diciendo que: “EDEMSA calculó mal (y en su perjuicio) la multa que debía pagar por deficiencias en la calidad del servicio, ya que tomó el valor total de la tarifa sin tener en cuenta los subsidios nacionales que reducen el importe final que termina pagando el usuario”.

Todo esto motivó que el Ejecutivo analice la actuación del EPRE y la posibilidad de intervenir EDEMSA.

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El gobierno de Jaque decidió instalar cámaras de video en cien puntos estratégicos de la ciudad, para prevenir el delito en Mendoza. Las primeras 100 fueron colocadas en distintos puntos la capital, en los accesos y puestos fronterizos. En una segunda etapa estaba previsto poner en funcionamiento otras 250 cámaras en: Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján y puestos de controles viales del Valle de Uco y del sur de la provincia.

Unas semanas antes que el gobierno acusara a Vila-Manzano por extorsión, le adjudicaron el sistema de monitoreo a Arlink una de las empresas de ese grupo, que tiene una licencia como servidor de internet.

Según los estatutos de Arlink el 31,51% era de Daniel Vila, Alfredo Vila (h) y José Luis Manzano, el 68,49% restante era de Crofton Company, una firma off shore radicada en las Antillas Holandesas, cuya dirección es una casilla de correo: De Ruyterkade 62 POBox 812 Curacao. El presidente de Arlink era Emir Chafí Félix, intendente de San Rafael, que en la ocasión actuó como testaferro de Vila-Manzano.

La licitación estuvo plagada de irregularidades: Arlink salió sexta entre ocho concursantes, sus balances tenían deficiencias, la empresa tenía deudas con el estado y estaba en concurso preventivo, requisitos indispensables para poder participar en el concurso. No obstante todo eso el gobierno de Jaque le adjudicó el servicio en forma directa por $ 8,5 millones. El expediente tenía mas de 3.000, no obstante el Fiscal de Estado Adjunto, Joaquín de Rosas, en el mismo día que lo recibió aconsejó la adjudicación. La segunda etapa también fue adjudicada en forma directa en $ 22,5 millones, esta vez a la UTE Arlink-Patagonia Green. Esta última es la empresa que había salido quinta en la licitación.

el año 1989, Oscar Klier con otros socios crearon la “Fundación Postgrado de Congreso”, cinco años después obtuvieron el reconocimiento provisorio para funcionar como “Universidad de Congreso”.

En agosto de 1998 comenzaron a aparecer panfletos de una inexistente “Fundación Patricias Mendocinas” atribuyéndoles a las autoridades de la universidad irregularidades y delitos.

Aquello desembocó en una denuncia por “administración fraudulenta” presentada por el entonces abogado de la universidad, José Blas Made, que daba cuenta de irregularidades y distorsiones contables en la casa de estudios “prácticamente desde su creación” y solicitaba al Ministerio de Educación la intervención del instituto. Dicha denuncia tuvo amplia difusión en los medios del grupo Vila-Manzano. Klier fue desplazado y la universidad intervenida.

Frente a eso Klier vendió su participación en la universidad al grupo Consejo Empresario de Mendoza (CEM) que integraban Orlando Terranova (Publicidad Sarmiento), Enrique Pescarmona (IMPSA), Daniel Vila (Grupo Uno), Jacques Matas (Industrias Matas), Carlos López (Bodegas López), Héctor López (Supermercados Metro), Jorge Pérez Cuesta (Mendoza Plaza Shopping) y Roberto Zaldívar (Instituto Zaldívar).

Fue mas que evidente la intervención de Manzano, en ese entonces ministro del Interior, en la maniobra tendiente a desplazar a Klier para que Vila y sus amigos (la mayoría socios de Magna Inversora, asociados con Moneta en el vaciamiento de los bancos oficiales mendocinos) se apoderaran de la Universidad de Congreso.

Estos a su vez designaron a Made presidente de la Fundación Universidad de Congreso. Klier fue sobreseído por el juez Carlos Benegas de los falsos cargos que se le imputaron en la denuncia de Made. Al tiempo los que resultaron imputados por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” fueron: Susana Decibe, ex ministro de Educación de la Nación, y José Blas Made, apoderado de la universidad.

A continuación el grupo CEM designó al contador Daniel Pereyra en el cargo de rector de la Universidad de Congreso.

En mayo del 2001 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aconsejó la suspensión de la actividad académica de la Universidad de Congreso por sus desmanejos económicos, administrativos y académicos.

En el 2003 los miembros del CEM (Orlando Terranova, Mario Groissman, Julio Ayub, Jacques Matas y Daniel Vila) designaron a Rodolfo “Chango” Díaz para la dirección de la carrera de abogacía de la universidad. En su momento, Díaz fue el principal impulsor de la destitución del gobernador Alberto Martínez Baca y después, junto al sindicalista Jorge Triacca, fue colaboracionista de la dictadura militar. Posteriormente fue ministro de Trabajo y Procurador del Tesoro, designado por Carlos Menem.

En junio del 2003, en la Universidad de Congreso, el periodista Jorge Lanata, sentado junto a Daniel Vila y Orlando Terranova, hizo la presentación de su libro “Argentinos”. Al término de la disertación la reunión terminó en un escándalo cuando una periodista le preguntó “Hoy estuvo sentado junto a Daniel Vila, a quien en su programa investigó en varias oportunidades, ¿lo vamos a ver sentado con Moneta alguna vez?”.

La Universidad de Congreso ocupa una buena parte del edificio que pertenecía al Correo Argentino, en las calles Colón y 9 de Julio. Dicho edificio es propiedad del Organismo Nacional Administrador de los Bienes del Estado (ONABE) que, por la intervención de Manzano, le otorgó el uso precario y gratuito del entrepiso, los pisos 1º a 6º, un salón en planta baja, cinco cocheras y los espacios de circulación. O sea que esta universidad privada no paga nada por el uso de dicho edificio e instalaciones, en evidente desigualdad con los otros establecimientos educativos que deben hacerse cargo de esas erogaciones.

En enero del 2008 renunció el rector Daniel Pereyra cuando el gobernador Celso Jaque lo puso al frente del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza.

En su lugar fue designado Daniel Malcom, quién acababa de renunciar a su cargo de Secretario de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación de la Nación al descubrirse una red en España que otorgaba diplomas y títulos falsos en cursos a distancia de las Universidades de Formosa y de La Matanza. De igual modo lo hacía el World College, de Ushuaia, Tierra del Fuego.

En el 2008 la universidad, a través de un convenio de donación con la Fundación de Congreso, pasó a manos de International Capital Markets Group SA. Al mismo tiempo Daniel Vila y José Luis Manzano fueron ratificados en sus cargos en el Consejo de Administración de dicha universidad.

Simultáneamente los empresarios nucleados en el CEM anunciaron que se despegaban de la Universidad de Congreso. Oscar Fornés, titular de la entidad empresaria, expresó que ello era: “debido a los cambios que se están registrando en el Consejo de Administración de esa Universidad y al nombramiento del nuevo rector, Daniel Malcolm”.

En agosto del 2008 trascendió que un nuevo informe de la CONEAU que señalaba como deficiencias: “hay ausencia de una carrera académica que garantice permanencia y promoción del plantel docente, falta de un edificio propio donde garantizar la prestación del servicio educativo e inexistencia de un proyecto institucional”. Agregando que: “Puede observarse que continúan siendo deficitarios los sistemas de registro y seguimiento de ingresantes, alumnos y graduados de la institución, lo que daría muestras de una gestión de la información poco confiable, incluso para la necesaria planificación y control de la gestión académica de la institución, situación que no ha logrado revertirse en doce años de funcionamiento con autorización provisoria” … “Cabe señalar que la Universidad de Congreso todavía no cuenta con un plantel docente que de acuerdo a su dedicación, permanencia en la institución y nivel de formación garantice la calidad académica…”.

En su momento, para salvar la precaria situación del edificio, Alfredo Vila le había prometido a la CONEAU que la firma Dalvian donaría unos terrenos para la construcción de la universidad, pero dicho ofrecimiento nunca se concretó.

En noviembre del 2008 se conoció que EDEMSA había efectuado desvíos de fondos en conceptos de “donaciones” a la Universidad de Congreso. En tres meses habían realizado donaciones por $ 340.000, sin poner en conocimiento de ello al Estado provincial, socio de la empresa eléctrica. Cuando se destaparon los desvíos, quisieron justificarlos diciendo que “la Universidad de Congreso realizaba asesoramiento técnico y profesional para los estudios de impacto ambiental”, pero nunca demostraron la concreción de dichos trabajos. Pero además, también se supo que EDEMSA becaba a su personal de seguridad en esa casa de estudios.

La “Sociedad de Mutualidad y Beneficencia Hospital Italiano de Mendoza”, comúnmente llamada “Hospital Italiano”, es el más moderno de los mosocomios existentes en Mendoza.

Fue construido con el aporte de algunos benefactores, entre otros de Angel Furlotti y de su hijo Arturo, constituyendo desde su creación un hospital modelo.

Pero con el tiempo la mutual cayó en sucesivas malas administraciones que desembocarían en su intervención.

En el año 1986 una de esas corruptas gestiones tercerizó el departamento de cirugía cardiovascular al Dr. Claudio Burgos, con un contrato leonino totalmente perjudicial para el hospital.

La tercerización del servicio de cirugía cardiovascular a Burgos, sumada a las de otros servicios entregados a otros profesionales, le produjo una aguda crisis financiera, razón por la cual en el año 1995 el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) ordenó la intervención del Hospital Italiano.

Pero la gestión de las intervenciones fueron aún mas corruptas y perjudiciales. Así fue como los interventores César Cáceres y Alberto Garignani fueron procesados por administración fraudulenta, conjuntamente con el abogado Gabriel Borghi. Tanto Cáceres como Borghi actuaron como falsos testigos de cargo en la denuncia penal que formuló Burgos en mi contra. Al igual que en el caso judicial que me tocó actuar, Burgos también tenía otras demandas por mala praxis.

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Tiempo después Burgos apareció en el listado de 56 dueños de autos Porsche y camionetas Hummer investigados por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky por haberlas ingresado al país con uso irregular de franquicias diplomáticas, lo cual derivó en el no pago de impuestos. Otros famosos compradores de automóviles importados de lujo con las referidas franquicias diplomáticas fueron: Marcelo Tinelli, el “Chaqueño” Oscar Palavecino, Jorge Pablo Brito (hijo del dueño del banco Macro), el jugador de Estudiantes Juan Sebastián “la Brujita” Verón, el polista Adolfo Cambiaso y el manager futbolístico Gustavo Mascardi.

Finalmente la tercerización de los servicios, como era el caso de Burgos, sumada a las malas administraciones de las intervenciones, produjeron el vaciamiento del Hospital Italiano, que terminó solicitando la apertura de su concurso preventivo en el año 2003, que después devino en quiebra.

El concurso recayó en el corrupto juez José Arcaná, quién le alquiló el Hospital Italiano a la ignota empresa Finamed, que estaba constituida por familiares y allegados de Daniel Vila, como también por testaferros de Claudio Burgos, y que había sido creada poco tiempo antes de suscribir el contrato de alquiler, con un capital de tan solo $ 12.000.

HOSPITAL ITALIANOEn la presidencia de Finamed designaron a Luis Rodrigo Ongay, esposo Andrea Vila, hermana de Daniel Vila, que también trabaja en el hospital.

Los socios de Finamed designaron administrador del hospital a Fabio Carrieri, que antes había sido interventor y responsable en el vaciamiento del mosocomio.

El concurso devino en quiebra y salió a remate el Hospital Italiano, que el juez Arcaná le adjudicó a Finamed.

Pero el idilio en Burgos y Vila duró poco. Porque el cuñado y la hermana de Vila objetaron que Burgos no pagara nada por la utilización del servicio de cirugía cardiovascular, y el cirujano optó por alejarse.

Juan Carlos Behler, que integraba el equipo médico de Burgos, fue designado ministro de Salud por el gobernador Celso Jaque. Una vez producida la separación de Burgos del Hospital Italiano, Behler comenzó las tratativas para la creación del servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Luis Lagomaggiore y que Burgos se hiciera cargo del mismo. Esto provocó la reacción de Ramón Gigena, jefe del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Central, quién dijo “No consideramos necesaria la creación de un nuevo servicio de cirugía cardiovascular dada las condiciones que tenemos aquí en hospital Central y la cantidad de población”.

Como se ha visto, Vila-Manzano controlan varios jueces adictos, tanto en la justicia provincial, como ser: al juez Orlando Juan Vargas, utilizado en el intento de apoderarse del Canal 9 de Mendoza y en la privatización de los bancos oficiales de la provincia fallando ilícitamente a favor de Raúl Moneta, al juez Eduardo Mathus, al juez Carlos Parma y al camarista Roberto Uliarte por mencionar sólo algunos.

El mismo poder ejercen sobre algunos jueces de la justicia federal, como por ejemplo sobre: el ex juez Alfredo Manuel Rodríguez el camarista Jorge Burad y la juez Olga Pura de Arrabal, como se ha expuesto precedentemente.

Otro integrante de la Justicia Federal que les fue muy útil es el corrupto ex juez Raúl Acosta, quién, cumpliendo servicios para Moneta, acusó al juez Luis Leiva de contrabandear maletines de Chile que distribuyó en un Congreso Judicial.

Además en una insólita medida dio lugar a un recurso de amparo y trabó la fusión de los supermercados Disco y Jumbo, favoreciendo de esa forma a Francisco de Narváez, socio de Vila-Manzano en América TV.

Por otra parte en el 2007 por un pedido de amparo del Canal 6 de San Rafael, que Vila-Manzano comparten con Omar Alvarez, dispuso el cese de las emisiones del Canal 7 de Buenos Aires.

En la época del corralito, su primer fallo fue ordenar el secuestro de 1,6 millones de dólares al Banco Central que reclamaba en un recurso de amparo que presentó Omar Alvarez, no obstante que la legislación dispone que las reservas del BCRA son inembargables. Acosta en persona fue al banco para incautar los fondos, cuando ese tipo de medidas judiciales normalmente son hechas por los oficiales de justicia.

Raul Acosta
Raul Acosta

Por otra parte, cuando fui atacado por Omar Alvarez al hacer una nota sobre él para la revista XXIII, Acosta llamó por teléfono a la comisaría interesándose por mi denuncia contra el empresario, pese a no tener competencia en el caso.

El grupo Vila-Manzano también viene ejerciendo control sobre la Fiscalía de Estado, tanto a través del ex fiscal Aldo Giordano y del actual Joaquín de Rosas, ex fiscal adjunto, que es quién viene manejando la fiscalía desde que lo promoviera Rodolfo Gabrielli.

Precedentemente hemos visto algunos de los dictámenes favorables al grupo, como ser: en la privatización de los bancos oficiales no apelaron el fallo del juez Vargas que le adjudicó ilícitamente los bancos a Moneta, avalaron los perjudiciales acuerdos de cancelación de deudas de Dalvian con el estado provincial, en el juicio de la UNC contra Dalvian por usurpación de terrenos, etc.

Vila y Manzano también son dueños de la empresa de seguridad “Elearte SA” que antes se llamaba Alerta SA, en la cual figura como presidente el Comisario Lascano. Cuando la compraron la empresa estaba al borde de la quiebra, en la actualidad ha sido reequipada totalmente con vehículos y armamentos nuevos. Dicha firma hace la seguridad de las empresas del grupo.

Fuente: http://www.luisbalaguer.com.ar/index.html
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