Se va por la puerta de atrás

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El “espíritu grande”, después de tanto mal gobierno, quedó así de chiquitito.

Por temor al rechazo popular y político, Francisco Pérez planea un acto de salida del poder casi a puertas cerradas y dejará la Casa de Gobierno por la puerta de atrás.

Todavía no se confirmó de manera oficial y Alfredo Cornejo no está enterado del todo, pero el gobernador instruyó al personal de Ceremonial y Protocolo para que el acto de traspaso de mando del 9 de diciembre se realice en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en el cuarto piso, con algunos invitados especiales y funcionarios. Y no en la explanada del edificio gubernamental, de cara a la gente.

A decir verdad, Paco no está rompiendo una tradición demasiado establecida. La entrega del bastón y la banda en las afueras de palacio gubernamental se viene realizando desde 1999, cuando Arturo Lafalla le traspasó el mando a Roberto Iglesias. De allí en más, el propio Iglesias, Julio Cobos después y Celso Jaque por último repitieron la escena.

Antes de ellos, Felipe Llaver, José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli y el propio Lafalla asumieron en el mismo lugar en el que Pérez lo quiere empoderar a Cornejo.

La decisión gubernamental es simbólica: los actos en la explanada siempre fueron festivos y representaron el clima de tolerancia institucional, sobre todo en momentos en que el poder cambió de color político, como en 1999 o en 2007.Pero Paco no. No soporta la idea de entregarle el bastón a su enemigo político y, además, su personalidad melindrosa y acomplejada lo forzaron a una despedida casi en silencio.

 El pavor de que el escenario se transforme en una histórica rechifla y en muestras de desaprobación por estos últimos cuatro años hicieron el resto del trabajo.

“Queremos hacer un acto de traspaso de mando austero”, fue la explicación de un funcionario.

Otro símbolo: una gestión  cuya característica nunca no fue precisamente la austeridad, la aplica justo en su último acto de gobierno.

Golpeado y con ganas de irse, Pérez abandonó ya todo tipo de actividad oficial. Está recluido, malhumorado y solo.

Aunque la forma de gobernar se sostenga hasta el minuto final. La Justicia imputó el miércoles al ministro de Hacienda, Juan Gantus, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por el pago a un proveedor de la salud al que le canceló una deuda de $10 millones en perjuicio de otros proveedores del rubro.

Esto ocurrió en setiembre, durante otra de las crisis de los hospitales, cuando el Ministerio de Hacienda decidió de manera unilateral privilegiar a Rodrigo Attaguile, un histórico proveedor del Estado en insumos biomédicos, postergando a otros proveedores que ya habían tenido el visto bueno de la misma cartera y a los que, en total, se les iban a cancelar algo más de $16.000.000.

Enterado de esto, uno de los proveedores postergados se presentó junto a un escribano ante el director del hospital al que le vendió los insumos y la respuesta fue que la decisión había sido tomada por los ministros de Salud y Hacienda.

El proveedor hizo que su escribano tomara nota y con todo ese ministerial acudió a la fiscalía de Daniel Carniello, quien decidió imputar al de Hacienda.

La ausencia de reglas claras en el pago a proveedores no solo genera la inquietud de los acreedores, sino que también alimenta las sospechas de que la corruptela acecha: ya desde hace tiempo se menciona que, con los atrasos millonarios que existen, no es un secreto que para cobrar primero hay que pagar.

Nadie puede creer que ese pago haya sido decidido por el ministro imputado. Una cancelación de deuda millonaria como esa la decide el gobernador.

 Gantus es quien enfrenta a la Justicia porque dejó plasmada por escrito y con su firma en una planilla la irregularidad. Pero la orden de a quién pagarle y cuánto, siempre viene desde más arriba.

La Justicia ya tiene en la mira a un ministro de su gabinete, pero eso no amilanó al gobernador: en estos días se decidieron más pagos a “amigos”, con cancelaciones de pauta publicitaria y con fondos para darle envión final a la Villa Olímpica. Mientras tanto, no se terminan de pagar los sueldos de octubre y muchos otros proveedores siguen al final de la cola.

El mismo día en que se vaya, Paco le dejará una obligación inmediata a Cornejo: el gobernador entrante deberá conseguir en menos de 30 días no menos de $4.000 millones para cancelar sueldos y ponerse al día con la coparticipación municipal.

Todos esos recursos, no saldrían de otra caja que no sea el gobierno nacional y será resorte del próximo presidente.

Cornejo lo habló otra vez con Mauricio Macri el miércoles. Y el líder de Cambiemos volvió a decirle que lo asistirá. Pero para que eso suceda, deberá pasar el 22 de noviembre todavía.

Tierra arrasada en los municipios

Este peronismo mendocino llevó, este año, al menos dos veces a la provincia al borde del desbarranco institucional.

La primera fue en marzo, en la tumultuosa sesión en el Senado en donde se rechazó el pliego de Miriam Gallardo para la Suprema Corte. La Cámara Alta votó de manera secreta a la postulante de Pérez para el máximo tribunal y obtuvo, por un error de una senadora del PJ, dieciocho bolillas blancas. Una menos de las que necesitaba.

Ante el papelón, tanto el  vicegobernador Carlos Ciurca como el bloque oficialista intentaron repetir la votación.

Cornejo, rápido de reflejos, irrumpió en la Legislatura y denunció a los gritos un “atropello institucional”, que alcanzó para que el Justicialismo frenara su intentona.

El otro hecho ocurrió unos días después, el 21 de abril, cuando se celebraron las elecciones primarias abiertas y simultáneas a nivel provincial. El peronismo apeló, en casi todos los municipios que gobierna, a todo tipo de maniobras para retener el poder y quedó al descubierto con el intento de fraude planeado por Luis Lobos en Guaymallén.

La Junta Electoral terminó anulando 35 mesas de votación en ese departamento y unos 8.700 votos fueron tirados a la basura.

Lo que había sucedido en las PASO encendió la luz de alerta de las fuerzas políticas de la oposición de cara a la elección general que después ganó Cornejo el 21 de junio. El fantasma del fraude rondó aquel día en la provincia.

Pero, como ocurrió con Ciurca en el Senado, el PJ frenó justo al filo del barranco y se jugaron a suerte y verdad en la elección, y aun perdiendo, como en el caso guaymallino.

Un freno inhibitorio todavía conserva el peronismo mendocino para no arrastrarnos a situaciones como las que se viven en estos días en el conurbano bonaerense. O como lo que se vio en Concepción de Tucumán.

Aunque la tercera puede ser la vencida. Dos futuros intendentes locales siguieron con mucha preocupación lo que padeció Roberto Sánchez, recién asumido de Cambiemos en Concepción, quien quedó virtualmente preso en su despacho por un piquete orquestado por el jefe comunal del Frente para la Victoria que se había ido.

El nuevo funcionario llegó y se encontró con más de 400 pases a planta permanente firmados por su antecesor que correspondían, en su mayoría, a punteros políticos. La decisión de Sánchez de dar de baja esos pases, desencadenó un conflicto social de proporciones en la puerta de su municipalidad.

Con sus particularidades, Guaymallén y Luján de Cuyo son tierra arrasada tras el paso de Lobos y de Carlos López Puelles.

Marcelino Iglesias se encontrará con un déficit estructural que le dejará el intendente imputado esta semana por la Justicia que ronda los $15 millones y con un municipio al que, al igual que la provincia, no le alcanza la recaudación siquiera para pagar los sueldos de sus empleados. La deuda que dejara Lobos no será menor a los $250 millones.

Omar De Marchi ya sabe de movida que Luján debe el 80% de su presupuesto. Es decir: de los $560 millones para gastos anuales, la deuda es de $400 millones.

Pero el tema está en el legado de empleados públicos. Marcelino deberá resolver, en un contexto de 4.600 municipales, qué hacer con 643 pases que firmó Lobos y que en buena parte conforman un grupo que fue premiado solo por haber participado en la campaña del intendente.

De Marchi recibirá más de 3.000 empleados en la Comuna, que pasarán por un cedazo para determinar quién seguirá y quién no.

De los dos, el que más problemas estructurales encontrará será De Marchi. Luján está hoy en cesación de pagos (debe $9 millones a Edemsa, no pagó los contratos y acumula deudas millonarias con Irrigación, entre otras) y ha sufrido esta semana pasada la fuga de buena parte de los mandos medios, como los directores.

Pero la crisis política (y social) más fuerte la tendrá Marcelino. Sin dudas.

El futuro intendente lo niega cuando lo consultan, pero algunos empleados de Lobos ya le advirtieron que cuide su seguridad. “En Guaymallén hay gente que va armada a trabajar. Te pueden hacer de todo”, lo pusieron en alerta.

 En Lujan, la vergüenza de unos 60 empleados por lo que está sucediendo los llevó este fin de semana a tratar de poner en marcha un camión oficial, juntar plata para pagar el gasoil y salir a recolectar la basura que se acumula por toneladas desde hace semanas en el departamento.
López Puelles está en otra cosa: es habitual verlo transitar, por las poceadas calles de Chacras de Coria, con su flamante auto importado. El pudor, es algo que solo queda para los empleados del municipio. El intendente lo perdió hace tiempo.
Fuente: MDZ

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