Chile abre la inscripción a universidades tras la aprobación de la ley de gratuidad

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El miércoles 23 de diciembre, los jóvenes chilenos consiguieron una victoria histórica: el Congreso aprobó una ley especial para que parte de la educación superior sea gratuita a partir del 2016, uno de los proyectos estrella de la presidenta Michelle Bachelet que había sufrido un revés en semanas previas por ser declarado inconstitucional.

Tras una intensa discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, el proyecto fue despachado para entrar en vigencia en los próximos días y beneficiar a casi 200.000 estudiantes que accedan a universidades estatales. A estos se podrían sumar otros alumnos de instituciones privadas que cumplan con ciertos requisitos.

Hoy, los estudiantes que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) podrán conocer si están sujetos o no a la gratuidad que inicia en marzo de 2016, según publicó el diario El Mercurio.

Si cumple con los requisitos, el alumno ya no deberá abonar arancel ni los derechos básicos de la matrícula porque esos gastos los asumirá el Estado.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, podrán acceder al beneficio los jóvenes que provengan de los hogares pertenecientes al 50% más vulnerable del país; que no tengan ningún grado de licenciatura terminal o título profesional previo; que tengan nacionalidad chilena o que sean extranjeros egresados de la enseñanza media en Chile y con residencia definitiva en el país.

Un reclamo histórico

Foto:Archivo

Que los jóvenes quieren una educación pública y gratuita es Chile no es una novedad. Hace años ya que la sociedad tiene este reclamo, que llegó a su máxima expresión con las manifestaciones estudiantiles de 2011.

Es que en la actualidad, sólo el 25 % del sistema educativo chileno es financiado por el Estado; son los estudiantes los que aportan el 75% restante.

Además, el sistema fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet y confirmado con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que posicionó al Estado como regulador y delegó gran parte de la enseñanza al sector privado.

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