La guerra familiar de los Báez: peleas, millones y diferencias en la defensa

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Siete abogados intervienen en la defensa de los Báez en diferentes causas. Diferencias de criterios, internas familiares y un millonario imperio embargado y en camino al cierre definitivo, rodean los siete meses de prisión que esta semana cumple el socio comercial de Cristina Kirchner.

En doce años levantó un imperio en propiedades de $ 1.373 millones, sólo en Santa Cruz. Sus empresas -más de quince- tuvieron siempre un grupo reducido de personas de confianza que hoy, sólo se reduce a su familia. “Ahora nadie nos conoce” repiten desde el entorno familiar del empresario K que en un escrito ante la Justicia que lo investiga por retención indebida de aportes previsionales, expuso que “todos han abandonado el barco”, reflejando así la soledad en la que quedó inmerso.

Los cuatro hijos de Báez están imputados e investigados por la presunta titularidad de cuentas en el exterior que movieron unos U$S 25 millones. “Se van enterando con la prensa de muchas cosas”, justificó un allegado a los hermanos Báez. Sus nombres, documentos, en varias empresas “fue decisión del padre”, reiteran como si fuera suficiente. Para la Justicia no lo es y en el caso de Martín -el mayor de los hijos varones- está doblemente procesado por lavado de dinero.

Con el correr de los meses, la red de negocios que creó el pater famiglia se convirtió en el principal enojo de los hijos: le reprochan el escenario judicial que vive la familia donde todos los bienes están embargados preventivamente por orden del Juez Sebastián Casanello en la Ruta del Dinero K. La familia ahora vive de los alquileres que cobran en Río Gallegos por dos edificios. Pero el dinero no lo depositan en ninguna cuenta de la empresa porque todas están supervisadas por veedores judiciales.

Los últimos meses se sumó la prohibición para salir del país que Casanello ordenó sobre los hijos de Báez. Incluso Luciana, Leandro y Melina que permanecen en Río Gallegos y donde deben notificarse semanalmente ante el Juzgado Federal N° 1, no pueden salir de la ciudad sin pedir autorización. Esto complicó el trabajo que se estaba realizando en varias estancias para supervisarlas. Muchas de ellas quedaron libradas al abandono en medio de la estepa santacruceña. “Hay que pedir autorización a la Justicia y es un lío” comentaron desde Austral Construcciones.

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