Citarán a Cristina Kirchner a declarar por los pagos que hizo Aerolíneas a uno de sus hoteles

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El hotel Alto Calafate propiedad de la familia Kirchner en El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los negocios del Estado con el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner, derivarán en un nuevo pedido de llamado a indagatoria para laCristina Kirchner, acusada de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido lo realizarán los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa que investigó nueve contrataciones de Aerolíneas Argentinas a favor del establecimiento hotelero por más de $16 millones durante la gestión de Cristina. La solicitud incluirá a los ex directores de la firma aeronáutica Julio Alak y Mariano Recalde y también a los empresarios K que administraron el hotel: Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice.

Según los fiscales, existió una organización criminal destinada a“sustraer fondos públicos” y transferirlos a sociedades “a nombre de allegados a los ex presidentes”. El destino final de esos fondos, según la acusación en las causas por corrupción contra la actual senadora, era el patrimonio de la familia Kirchner.

Los empresarios Báez y Sanfelice, argumenta la fiscalía, fueron parte fundamental en la maniobra, ya que manejaron el hotel “careciendo de experiencia en el rubro” y con dos firmas “pantallas”, se buscó “dar la apariencia que los Kirchner no estaban al tanto de los negocios de la empresa con el Estado”, indicaron fuentes judiciales.

Después de que la familia Kirchner adquirió los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén entregó la administración y explotación desde 2008 a julio de 2013 a Valle Mitre, propiedad de Báez. Luego se entregó el manejo a Idea SA, de Sanfelice. Con esas firmas se recibía regularmente “fondos de las empresas contratistas del Estado” y se introducían a la contabilidad de las firmas hoteleras. Todo para que “las ganancias ilícitas llegaran a manos de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner” con la “apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

El pedido de indagatoria apuntará a los más de siete años en los que Cristina y los entonces funcionarios de Aerolíneas firmaron los contratos con el Alto Calafate “interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público”, indicaron fuentes judiciales.

La empresa aérea manejada por el Estado contrató de forma “ininterrumpida” más de 26.000 habitaciones en el hotel de la familia Kirchner, para alojar a la tripulación en El Calafate. Esto representó un ingreso de más de 16 millones de pesos y garantizó la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero. Junto a las empresas de Báez, fueron los principales clientes del lugar.

Las contrataciones se habrían “apartado de las normas internas de los procesos que rigen estas operaciones”, con el objetivo de contratar desde 2009 a diciembre de 2015, siempre al Alto Calafate. Se cuestionó cómo procedieron las áreas administrativas y según un informe incorporado a la causa, la relación comercial se concretó “sin haber recabado otras alternativas para el hospedaje de la tripulación o efectuado un mínimo análisis de conveniencia”.

Además, pese a que el manual de Contrataciones preveía que al superar los 1.000 dólares se debía hacer un concurso cerrado e invitarse al actual proveedor a participar, Aerolíneas “decidió contratar al Alto Calafate” porque “existía un interés personal y una decisión tomada de manera previa”, detallaron desde la causa. Durante la investigación, se concluyó que la decisión se tomó pese a “no conocer el valor del hospedaje y que la tripulación hacía más de un mes que ocupaba, previo al primer contrato, 126 habitaciones semanales sin la documentación requerida.

Al ser contratado el hotel de la ex familia presidencial de forma directa “y por una suma superior al medio millón de dólares”, un informe incorporado a la causa mostró que se “buscó disimular este hecho mediante la simulación de un proceso de concurso cerrado posterior a la ejecución del contrato”. Para la justicia, esto demuestra la “parcialidad en la contratación” y cómo se buscó “aparentar un concurso.

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